Escocia no es Catalunya (o Euskal Herria)» es el nuevo «España no es Grecia». Los principales partidos españoles se reubican por medio de la negación ante la crisis estructural que afecta al Estado. Sobre la economía, el paralelismo de Madrid con Atenas es cada vez más palpable. En la misma senda, PP y PSOE temen que el referéndum que tendrá lugar en 2014, pactado esta misma semana entre David Cámeron, primer ministro británico, y Alex Salmond, ministro principal de Escocia, tenga consecuencias hacia las naciones sin Estado que reivindican su derecho a decidir. El acuerdo entre los ejecutivos de Edimburgo y Londres ha tumbado uno de los principales argumentos que reiteraban las dos principales fuerzas españolas para oponerse ana consulta: la inviabilidad jurídica de la fórmula en el contexto europeo. Tras desmontarse esta falacia, tanto Génova como Ferraz intentan desvincular el caso de la isla de lo que ocurre en su propia casa. En público, ambos coinciden en sus proclamas de brocha gorda que se reducen a un «no» rotundo a cualquier movimiento. Esta misma semana, Alfonso Alonso, portavoz de la derecha española en el Congreso de los Diputados, y Soraya Rodríguez, representante de la formación que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba, insistieron en el mismo mensaje. Esto no oculta la preocupación existente entre las dos formaciones, que se están reubicando y buscando alternativas al hecho de que la consulta democrática para crear nuevos estados ya no constituye un tabú en Europa.

El PP lo entendió perfectamente hace meses. Por eso, FAES, la fundación que lidera el expresidente español José María Aznar, ya analizó los pasos previstos dentro del proceso escocés y qué consecuencias podría tener hacia el Estado español en sus cuadernos formativos del mes de abril. En un monográfico, Alberto Dorrego de Castro advertía de que «el Gobierno de España y las fuerzas políticas constitucionalistas incurrirían en un grave error si ignoraran o relativizaran la trascendencia del referéndum escocés y no abordaran con prontitud la definición y ejecución de una estrategia decidida sobre el tema, tanto en el plano interno como, sobre todo, en el ámbito de las instituciones de la UE y en las relaciones con el Reino Unido».

Las reflexiones del «think´tank» de la derecha española evidencian sus dos preocupaciones: la justificación democrática de la consulta escocesa y la esperada reacción de las fuerzas soberanistas (especialmente catalanas y vascas), que interpretarían el referéndum como un empujón para sus aspiraciones nacionales. «Quizá lo más sorprendente desde nuestra perspectiva continental de la realidad política es que tal declaración oficial, acompañada también de su correspondiente hoja de ruta, no se construye sobre la base de una extensa fundamentación histórica o jurídica, o acudiendo a grandes conceptos constitucionales (nación, soberanía, derecho de autodeterminación...etc.), sino mediante una apelación sencilla, directa e inmediata al «principio democrático»: esto es, a la existencia de una clara mayoría absoluta en tal sentido en el Parlamento de Holyrood tras las elecciones de mayo de 2011», considera, alarmado, el informe del PP. Ante la obviedad de que las mayorías sirven para la construcción de un Estado independiente, el PP ha contraatacado poniendo por encima la Constitución española. En esta coyuntura, representantes de Génova se han desplazado hasta Londres para conocer de cerca el proceso.

Federalismo

La fundación Ideas, el alter ego de FAES dentro del PSOE, asegura a GARA que no ha tratado la cuestión escocesa en sus últimos trabajos. Sin embargo, dentro de su página web sí que pueden encontrarse algunos documentos que insisten en la apuesta federal de la formación liderada por Rubalcaba. Ante el auge soberanista, en Ferraz se ha optado por profundizar en la retórica supuestamente descentralizadora aunque negando la legitimidad a quienes defienden el referéndum como único camino ante las demandas independentistas, cada vez más mayoritarias. La propuesta federalista lanzada por su secretario general apunta a ese camino. La excepción a la cerrazón de Ferraz hacia un referéndum está, nuevamente, en el PSC. Su secretario general, Pere Navarro, ha defendido públicamente la necesidad de cambiar la Constitución e incluir un artículo específico que prevea la celebración de una consulta.

Tanto PP como PSOE pretenden desactivar la posibilidad de un referédum democrático antes de imponerse en una consulta. Por ahora, las diferentes encuestas apuntan a que el sentimiento unionista sigue siendo ligeramente mayoritario en Euskal Herria, no así en Catalunya. Pese a ello, sus dirigentes temen al derecho a decidir. Incluso aunque Escocia decidiese seguir en Reino Unido.