Por alguna razón que no acierto a comprender en nuestra sociedad algunas ideas son ampliamente aceptadas por la mayoría de las personas y, sin embargo, no existe ninguna razón objetiva que certifique que esas creencias populares son ciertas. Una de ellas es la idea de que la derecha gestiona mejor que la izquierda, sobre todo, si de lo que se trata es de gestionar la economía.

Posiblemente en esto tengan mucho que ver los medios de comunicación, la mayoría de ellos en manos de grandes empresas capitalistas que tienen un interés manifiesto en que gobierne la derecha. Así, por ejemplo, allí donde gobierna la izquierda las noticias con connotaciones positivas se dejan sueltas, sin ninguna referencia ni al contexto, ni al gobierno, ni a otros gobiernos, mientras que las que tienen connotaciones negativas enseguida se comparan con los resultados obtenidos por la derecha para subrayar las diferencias en la gestión de unos y otros, aunque la mayoría de las veces la influencia del gobierno sobre el dato objeto de comparación sea insignificante. Todo sirve para crear una determinada imagen. En este sentido recuerdo la campaña que montó la derecha para colocar a Aznar, después de su patética salida del poder, en la cúspide de una inexistente clasificación de mejores presidentes del Gobierno español.

No se me ocurre otra explicación porque, por lo demás, la gestión de la derecha ha estado plagada de catástrofes. Para empezar, fue el gobierno de Aznar el que puso las bases para la expansión de la burbuja inmobiliaria; y fue también el gobierno de Aznar el que cebó la burbuja con planes para construir infraestructuras que ahora resultan, además de poco útiles, imposibles de mantener. También él eliminó todos los instrumentos de control para que la expansión no tuviera ningún freno, hasta que terminó por reventar, simplemente, porque era insostenible.

En nuestro entorno más cercano, tanto el PNV como UPN también han echado mano de la construcción de infraestructuras, ya fueran carreteras o canales, para alimentar el mito del crecimiento económico; y últimamente, el juguete de sus afanes ha sido el Tren de Alta Velocidad; lástima que se les está deshaciendo entre las manos antes de que puedan terminarlo. No han sido los únicos proyectos, ahí está, por ejemplo, el puerto exterior, el circuito de Los Arcos, el metro de Donostia, la incineradoras, los nuevos campos de fútbol en Donostia y Bilbo y un largo etcétera.

Más allá de las infraestructuras también las han liado gordas con otros temas. Esta semana, sin ir más lejos, han sacado la cuestión de las vacaciones fiscales que a este paso va a terminar por convertirse en el paradigma de la «buena» gestión económica de la derecha de este pequeño país, si antes no lo hunden definitivamente. El tema lleva entre nosotros casi dos décadas. Primero, pusieron en marcha esas medidas entre fuertes críticas. Después, llegaron los pronunciamientos de la Unión Europea, y en vez de rectificar, tozudos ellos, decidieron que la mejor forma de arreglarlo era seguir con la estrategia de no hacer caso y tirar hacia adelante. Finalmente, en el año 2011, en mitad de la crisis, llegó la sentencia definitiva que cerraba el caso, con lo que no quedaba otra más que recaudar el dinero que se había perdonado a las empresas. La cosa, al parecer, no podía quedar así y en un afán de querer transformar las vacaciones fiscales en el emblema de su forma de gestionar han intentado una última maniobra con el fin de guardar ese dinero para poder regalárselo al siguiente lehendakari, aunque al final la jugada no les ha salido bien.

Esta forma de proceder refleja la visión que tiene la derecha de las instituciones. A su entender, las instituciones les pertenecen y las pueden usar de una u otra manera en función de sus intereses particulares. Creen que pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento siempre que el resultado les favorezca. De ese modo, lo único que consiguen es desafección. La gente percibe entonces las instituciones como un instrumento para medrar y no como el conjunto de reglas que permiten la salvaguarda del bien común. En ese sentido, esa patrimonialización de las instituciones las debilita y agudiza fenómenos como el del fraude fiscal, ya que cuando la ciudadanía ve el uso que se hace de aquello que es común, pierde cualquier estímulo para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Y quien usa las instituciones en función de sus intereses particulares o partidistas las puede usar de la misma manera para favorecer a unos determinados estamentos, o para cumplir promesas hechas a ciertos grupos de presión; a fin de cuentas, para satisfacer intereses espurios. Y eso es lo que ha ocurrido en esta crisis durante los últimos cinco años. Todas las instituciones han atendido los intereses de los grupos de presión, de las grandes empresas y de los bancos en vez de obrar conforme a lo que indicaba la lógica y la experiencia. En este sentido, es muy revelador el Memorando de Entendimiento que firmó el Estado español a cuenta del primer rescate.

El resultado de todo ello ha sido que mientras algunos países como Islandia tomaron medidas para salvaguardar el bien común, en el Estado español el Gobierno ha intentado salvar a unos por amistad, a otros por interés, con lo que al final han acabado hundiendo a todos, en un pozo al que además no se le ve el fondo. Las instituciones vascas tributarias de la misma cultura política no han andado a la zaga. Por esa razón, no estamos ante una crisis económica, sino ante una crisis política. Ha sido la política la que ha hundido la economía y no al revés, como quieren darnos a entender. Por eso se equivoca el candidato a lehendakari del PNV cuando dice que los dos primeros años a tope con la crisis y luego ya vendrá arreglar la cuestión del estatus.

En este momento la prioridad es la política. Si los vascos queremos poner en vías de solución la crisis económica, tenemos que empezar a construir un estado fuerte. Eso no significa que ese estado tenga que tener mucha policía o un gran ejército, es más, no necesitará ni una cosa ni la otra, sino que lo que necesitará será tener una reglas de juego muy claras y que han de ser respetadas por todo el mundo, empezando por los políticos. Asumir que las reglas nos obligan a todas las personas, entidades, empresas, organizaciones, agentes económicos y sociales, grupos culturales y clubes deportivos es lo que permitirá preservar el bien común y empezar a dibujar la salida a esta larga crisis.