El juicio a los 21 sindicalistas de LAB por la protesta pacífica en la Torre Iberdrola de hace siete meses -el 22 de marzo- para denunciar varios despidos y la creciente precariedad laboral en la subcontrata Konecta quedó visto para sentencia.

En aquella fecha dos delegadas de LAB en esa empresa ubicada en Güeñes, Leire Ezkerra e Irantzu Llamosas, llevaban 14 días en huelga de hambre, que finalizaron dos días después. En el juicio se demostró que el atestado de la Ertzaintza, realizado 90 días después, no se asemejaba en casi nada a lo que pasó en la Torre Iberdrola y, de hecho, su relator no acudió a la vista. Solo quedó clara la actitud del fiscal de «criminalizar la protesta» contra una multinacional. No dio marcha atrás a sus acusaciones, la mayoría infundadas y ajenas a la realidad, después de escuchar los testimonios de los 21 acusados, de dos ertzainas que participaron en el desalojo, del jefe de seguridad de la Torre Iberdrola, de dos testigos directos de la protesta y de visionar dos vídeos.

«Por la fuerza»

El ertzaina 02493, mando de la unidad antidisturbios que se presentó en la Torre Iberdrola, aseguró que «nos llamaron los vigilantes de seguridad diciendo que un grupo de personas había entrado por la fuerza empujando a los vigilantes» y que requirieron «que salieran a quienes se encontraban sentados en el hall del edificio, pero se negaron».

El ertzaina 5267 admitió que «no vimos» que los manifestantes empleasen «la fuerza» en las instalaciones y, a la vez, admitió que «no comunicó» a quienes permanecían sentados de forma pacífica que tenían que abandonar el edificio, «porque estaban gritando consignas contra los despidos». De hecho, el jefe de seguridad de la Torre Iberdrola, José Manuel García Díaz, recordó que quienes estaban sentados estuvieron «de forma pacífica» y permitieron «que entrara y saliera gente del edificio», y añadió que «los sindicalistas actuaron de forma pacífica. No forcejearon, ni utilizaron violencia alguna».

También quedó claro que «ninguno de los que fue arrastrado a la calle» se escabulló de la identificación de la Ertzaintza como sostienen el atestado policial y el fiscal. La testigo Pazis García explicó que «la Ertzaintza pudo identificar a todos, pero no lo hizo. Estuvimos otros veinte minutos más allí», añadió, y Xabier Ugartemendia, que acudió también como testigo, reconoció que «accedimos dentro. No obstaculizamos el paso de nadie y la Ertzaintza, sin pedirnos que saliéramos, nos sacó en volandas. Ningún ertzaina ni vigilante de seguridad nos dijo que saliéramos», puntualizó. No le identificaron, ni le han imputado pese haber participado en la sentada.

En la vista se vieron imágenes de Hamaika Telebista y Bilboko Branka que confirmaron lo declarado por los acusados y los testigos. Sin embargo, el fiscal hizo caso omiso y se aferró al informe policial, lleno de errores. Entre los muchos, está que el redactor de GARA que figura imputado y que firma esta crónica, estuvo «sosteniendo» la pancarta de LAB e «impidiendo» el desalojo, aspectos que son falsos.

Así, el fiscal dijo que los acusados habían incurrido en «responsabilidad criminal» a pesar de tratarse de un acto pacífico. En la sala no se entendió, pero la acusación insistió en mantener una sanción de 60 días para cada uno, a razón de entre ocho y quince euros por día. La pena más alta le correspondió a un imputado por tener «tres vehículos y un hijo».

«Sin relevancia penal»

Nerea Lekue y Jaione Ordorika, abogadas de LAB que se repartieron la tarea, y el abogado de la editora de GARA, Kepa Landa, rechazaron las acusaciones. Lekue dijo que esos actos de protesta pacífica no tienen «relevancia penal» y añadió que «el máximo de días de la multa está injustificado. Hacer eso es criminalizar al más débil, a quien defendía a los trabajadores frente a los despidos y la precariedad laboral». Añadió que 90 días después de los hechos «la fidelidad del relato está rota» y resaltó que en el atestado, «puesto en evidencia hasta con las declaraciones de los ertzainas intervinientes, figura un delito de injurias, que ni se ha visto en el juicio. Confunden a personas y a testigos», afirmó.

Por su parte, el abogado Kepa Landa calificó de «despropósito» la idea del fiscal de que hubiera «responsabilidad criminal». El letrado declaró que la acusación es «un exceso, más aún en el caso de mi representado, el periodista».