El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) hizo ayer público su informe de fiscalización de las cuentas de la Diputación foral de Gipuzkoa correspondiente al año 2010, un documento en el que, al igual que sucedió con las cifras de 2009, censura los sobrecostes abonados respecto al presupuesto inicial en algunas obras de la red de carreteras.

El TVCP vuelve a indicar que «se ha cumplido razonablemente con la normativa vigente», pero reseña varias «salvedades», que en el caso de las infraestructuras viarias se centran en la GI-131, conocida como la autovía del Urumea.

Concretamente, se ha detectado una modificación de 7,4 millones de euros en la variante de Andoain, adjudicada cuatro años antes por 31,3 millones y que ya en 2009 había sufrido un incremento de 13,7 millones. De este modo, en esos dos años este tramo vio como su coste se disparaba en 21,1 millones, un 67,4% más del presupuesto inicial.

En el caso del trayecto entre Donostia y Hernani, la obra vio aumentado su presupuesto en un 10,3% (2,2 millones) durante 2010, mientras que en 2009 ya había sido aprobada una modificación del 32% (6,4 millones). En total, según los datos recogidos en el informe del TVCP, el presupuesto para este tramo se ha incrementado en un 56,1% desde su adjudicación por 21,6 millones de euros en 2005.

El organismo fiscalizador apunta que las modificaciones se han «realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente», pero destaca que, no obstante, «suponen una transgresión de los principios licitatorios recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata».

Segundo Cinturón

Respecto a la sociedad Bidegi, el TVCP hace referencia al segundo cinturón de Donostia, entre Astigarraga y Errenteria, adjudicada en 2006 por 165 millones de euros y que «ha sufrido incrementos acumulados por aprobación de modificados del 30% sobre dicho importe».

El tribunal destaca además el incumplimiento del plazo máximo de 6 meses para la resolución de solicitudes de aplazamientos de deudas tributarias por 22 millones aproximadamente y la concesión de subvenciones directas por 7,2 millones «sin haber justificado la imposibilidad de promover la adecuada publicidad y concurrencia».