El Tribunal Vasco de Cuentas P�blicas (TVCP) hizo ayer p�blico su informe de fiscalizaci�n de las cuentas de la Diputaci�n foral de Gipuzkoa correspondiente al a�o 2010, un documento en el que, al igual que sucedi� con las cifras de 2009, censura los sobrecostes abonados respecto al presupuesto inicial en algunas obras de la red de carreteras.

El TVCP vuelve a indicar que �se ha cumplido razonablemente con la normativa vigente�, pero rese�a varias �salvedades�, que en el caso de las infraestructuras viarias se centran en la GI-131, conocida como la autov�a del Urumea.

Concretamente, se ha detectado una modificaci�n de 7,4 millones de euros en la variante de Andoain, adjudicada cuatro a�os antes por 31,3 millones y que ya en 2009 hab�a sufrido un incremento de 13,7 millones. De este modo, en esos dos a�os este tramo vio como su coste se disparaba en 21,1 millones, un 67,4% m�s del presupuesto inicial.

En el caso del trayecto entre Donostia y Hernani, la obra vio aumentado su presupuesto en un 10,3% (2,2 millones) durante 2010, mientras que en 2009 ya hab�a sido aprobada una modificaci�n del 32% (6,4 millones). En total, seg�n los datos recogidos en el informe del TVCP, el presupuesto para este tramo se ha incrementado en un 56,1% desde su adjudicaci�n por 21,6 millones de euros en 2005.

El organismo fiscalizador apunta que las modificaciones se han �realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa vigente�, pero destaca que, no obstante, �suponen una transgresi�n de los principios licitatorios recogidos en la Ley de Contratos del Sector P�blico, teniendo en cuenta que la facultad de modificaci�n de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un l�mite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuant�a no desnaturalice el volumen econ�mico de la contrata�.

Segundo Cintur�n

Respecto a la sociedad Bidegi, el TVCP hace referencia al segundo cintur�n de Donostia, entre Astigarraga y Errenteria, adjudicada en 2006 por 165 millones de euros y que �ha sufrido incrementos acumulados por aprobaci�n de modificados del 30% sobre dicho importe�.

El tribunal destaca adem�s el incumplimiento del plazo m�ximo de 6 meses para la resoluci�n de solicitudes de aplazamientos de deudas tributarias por 22 millones aproximadamente y la concesi�n de subvenciones directas por 7,2 millones �sin haber justificado la imposibilidad de promover la adecuada publicidad y concurrencia�.