Una de las consecuencias de la crisis es el alarmante aumento del número de personas que se han visto empujadas a la exclusión social y a la pobreza. En los últimos años, los sectores en situación de extrema vulnerabilidad han crecido de forma exponencial, en la mayoría de las ocasiones como resultado directo de la pérdida del empleo y de la dejadez de las instituciones, hasta el punto de que familias enteras que hasta hace poco creían gozar de cierta estabilidad económica se encuentran ahora en un agujero al que nunca hubieran pensado que iban a ser arrastradas.

Los datos facilitados por organismos como Cáritas y la Cruz Roja son tan tozudos como contundentes, y ponen ante nuestros ojos una realidad que todavía muchos se resisten a ver, quizá por miedo a que aceptándola corran el riesgo de verse atrapados por ella. Porque a pesar de que las malas noticias económicas llegan encadenadas, sin dar un respiro, la pobreza sigue siendo un tema incómodo, y se insiste en mantener la ilusión de que se trata de un fenómeno ajeno a la realidad de este país o, al menos, con una incidencia muy limitada. Y no es así. Siempre ha convivido entre nosotros, y en este momento ahoga a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas vascas. Comprender este hecho y aprehenderlo en toda su dimensión es condición necesaria para empezar a solucionarlo.

Necesaria, pero no suficiente. También requiere un cambio de raíz en el sistema. Porque la causante de la pobreza no es tanto la crisis como la gestión de la misma. La decisión de anteponer los intereses de la banca y de la patronal a los de la clase trabajadora, de premiar a los causantes de este desastre y de castigar a sus víctimas, es la que está detrás de unas tasas de paro inéditas, de la desaparición de la cobertura pública y del consiguiente aumento de la pobreza. Echar la culpa a la crisis, en abstracto, es cómodo y sencillo, pero la pobreza tiene responsables con nombres y apellidos.