La muerte de diez campesinos en el departamento de Antioquia, uno de los más afectados por el conflicto armado, se produce en pleno proceso de diálogo entre las FARC y el Gobierno colombiano. Las autoridades atribuyen esta nueva masacre a una especie de «venganza» del grupo paramilitar Los Rastrojos por la reciente detención de uno de sus líderes o por la negativa del dueño de la finca La España, donde tuvo lugar la matanza, a pagar una especie de «impuesto» a este grupo nacido tras la teórica desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que subyace detrás de este macabro suceso es una larga cultura de violencia e impunidad, y la guerra por el control del narcotráfico y la minería ilegal.

No parece casualidad que ocurra justo a una semana de que arranquen en La Habana los encuentros entre la guerrilla y el Gobierno. Un cara a cara que tendrá lugar en medio de la intensificación del conflicto con al menos cincuenta guerrilleros y seis uniformados muertos en el último un mes.

El presidente, Juan Manuel Santos, y su Gabinete en pleno han afirmado por activa y por pasiva que mantendrán las operaciones y que no habrá un cese de hostilidades, tal y como han pedido las FARC.

Lo hicieron en una comparecencia pública a principios de setiembre en La Habana y el pasado 18 octubre en Oslo. El jefe del equipo negociador de la guerrilla, Iván Márquez, volvió a plantear un cese bilateral y que este no sea visto como una concesión. Y, en caso de ruptura, las FARC han propuesto «un tratado de regularización de la guerra».

Es obvio que un clima de guerra como el que vive Colombia -con combates, enfrentamientos y bajas casi diarias- no ayuda a fomentar el diálogo y aumenta el riesgo evidente de que ocurran este tipo de hechos violentos, más aún cuando se acercan fechas decisivas como la del 15 de noviembre, día en el que ambas delegaciones se sentarán para empezar a discutir la agenda pactada el 26 de agosto. El primer punto que abordarán será, precisamente, la cuestión agraria, una de las raíces del conflicto.

En Santa Rosa de Osos, las víctimas han sido diez trabajadores de una finca tomatera. Muchos de los campesinos de este municipio han recibido amenazas y las autoridades temen ahora el desplazamiento de sus habitantes, que se sumarían a los casi seis millones de desplazados que tiene el país.

De no haber una tregua bilateral o, mejor dicho, multilateral, las buenas voluntades y deseos de paz podrían sufrir un serio revés.