El decreto aprobado ayer por el Gobierno español para hacer frente al drama de los desahucios apenas llega a completar la letra pequeña de lo que ya anunció la banca la semana pasada. Únicamente se limita a concretar los casos «más vulnerables» dentro de la moratoria de dos años que ya anunciaron las entidades financieras. Tal y como denunciaron grupos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la medida deja fuera a la mayoría de víctimas, ya que ni cubre a todas las personas en riesgo ni tampoco es retroactivo. Pese a ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy trata de vender las «razones humanitarias» de su iniciativa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, llegó a reconocer que no se tocan las bases de la ley hipotecaria y que los leves parches han sido supervisados por la Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional).

Después de cuatro días de negociaciones y tras publicitar desde el primer día un «altísimo» nivel de acuerdo con el PSOE, finalmente el PP se quedó solo al aprobar su decreto. Ni siquiera Ferraz dio su visto bueno. Según lo explicado por Saénz de Santamaría, únicamente algunos afectados, los que padecen las situaciones más extremas, podrán respirar más tranquilos. En concreto, el Gobierno limita la moratoria a aquellas familias que no superen una renta de 19.200 euros anuales (lo que constituye tres veces el IPREM, que es el Indicador Público de Renta de Efectos Públicos). Además, la vivienda en la que residen deberá ser la única que tengan en propiedad, su carga hipotecaria se tendrá que haber multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años, y habrán de acreditar que pagan una cuota que suponga más de la mitad de sus ingresos netos.

Al margen, tendrán que cumplir uno de estos requisitos: ser familia numerosa o con algún hijo menor de tres años, ser familia monoparental con más de dos hijos, tener bajo su cargo a una persona con una discapacidad de más del 33% o incapacitada para trabajar, estar todos sus miembros en paro y sin recibir ninguna prestación, entrar dentro de «algunos supuestos» de violencia de género o convivir con algún familiar (de hasta tercer grado) que sean discapacitados, dependientes o que sufran una enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.

Vivienda social sin concretar

Además de esta moratoria limitada, el Gobierno español anunció que pondrá en marcha un parque de alquiler para desahuciados con precios «bajos y razonables». Sáenz de Santamaría lanzó la idea, pero no concretó ni cuántos pisos se pondrán a disposición de los afectados, ni cuál será el baremo. Luis de Guindos solo acertó a explicar que las entidades financieras aportarán pisos que hayan sido desalojados por impagos, especialmente aquellas que están intervenidas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). A falta de concrecciones, esta medida apunta más a tratar de calmar la creciente presión social que a la búsqueda de soluciones reales.

Los propios afectados censuraron rápidamente un decreto que evidencia la complicidad entre Gobierno español y poderes financieros. Desde Bizkaia, la portavoz de la plataforma, Marta Uriarte, señaló que el decreto «deja a muchos colectivos» de afectados fuera de protección y establece una moratoria en los desahucios que, a su entender, no va servir «de nada».

Por ello, reclamó modificar de la ley de ejecución hipotecaria y la de enjuiciamiento civil que es, a su juicio, «una ley absolutamente arcaica e injusta».

En Madrid, la PAH señaló a través de un comunicado que «PP y PSOE llegan tarde, mal y ni siquiera logran un acuerdo», y criticó que las medidas aprobadas ayer constituyen «una artimaña basada supuestamente en criterios económicos y de vulnerabilidad, con el único fin de contentar a la banca y excluir por segunda vez a la mayoría de gente que está sufriendo este drama». Hoy, su portavoz, Ada Colau, junto al juez José María Fernández Feijoo, que presentó la cuestión ante Europa, realizarán una lectura más profunda en una comparecencia que tendrá lugar en Barcelona.

Todo lo que no se aborda

El PP no ha llegado ni siquiera a aceptar los planteamientos del PSOE, que a su vez ni siquiera cumplían los mínimos exigidos por las asociaciones de afectados y grupos políticos de izquierdas. La medida no será retroactiva, por lo que miles de personas que han perdido sus domicilios no podrán recuperarlos. Para ellos, el Gobierno reserva su indeterminado «parque de viviendas». Tampoco se hace mención a los intereses de demora, que incrementan las deudas en el momento del impago, ni se aborda el valor de tasación. Según el Ejecutivo, esto podría entrar en discusión durante el trámite parlamentario, donde sí consultarán a otras formaciones que han quedado excluidas del diálogo a dos.

Otro elemento que no se toma en consideración es la dación en pago. De Guindos señaló que ya está prevista en determinados contratos, aunque consideró que no es la vía más eficaz. Durante su intervención, llegó a asegurar que «las deudas y los intereses se pagan».

El ministro no se refería a los bancos, cuyos agujeros económicos motivaron la intervención europea y los sucesivos hachazos sociales que han terminado por agravar la situación económica del Estado español.