Los desahucios han ido progresando en la actualidad informativa a medida que a los expedientes judiciales la denuncia popular les quitaba el desaire social y les ponía rostro, voz y dolor humano. Hasta entonces apenas si merecían un lugar en la página de breves o un tanto por ciento en una estadística sobre las consecuencias de la crisis financiera. Las historias individuales han despertado la indignación colectiva y esta, construyendo un muro de una incipiente desobediencia civil, las ha convertido en lo que de verdad es, un problema social. La semana pasada los suicidios elevaron tanto la irritación que obligó al Gobierno de Madrid a anunciar y decretar disposiciones urgentes para desacelerar las protestas de la calle.

En Euskal Herria, la presión popular forzó a Kutxabank a paralizar los desahucios en curso hasta que el Gobierno de Madrid definiese su paquete de medidas. Y estas llegaron el jueves, sin cambiar la legislación hipotecaria, como un jarro de agua fría, como un plan Marshall bancario, cargado de cinismo. Y es que en España solo se ha decidido hasta donde Bruselas, el BCE y la banca (que recibirá 40.000 millones de Europa) quieren y mandan, porque detrás de las hipotecas y de los desahucios existen intereses y deudas de los bancos que no pueden peligrar. Así que estamos donde siempre, atrapados en esa alienación económica, política y jurídica de la que habla Marx y que cada día que pasa se hace más visible y certera. Pero como también anunció Marx, en el sistema capitalista, solo la «concienciación» y el «desengaño» de los trabajadores pueden propiciar las condiciones para la liberación de todas las alienaciones. Que no se nos olvide.