Con su publicación en el BOE, el Real Decreto-Ley para paralizar los desahucios en los casos más extremos entró ayer en vigor, generando la inmediata crítica de afectados, abogados y jueces, que consideran insuficientes las medidas del Gobierno español. Unas medidas que decretan una moratoria de dos años para los procesos judiciales y extrajudiciales de aquellas familias que cumplan los estrictos requisitos impuestos.

Entre las condiciones para poder acogerse a la medida destaca la necesidad de tener una renta familiar anual inferior a los 19.164 euros. El decreto también contempla, entre otros casos, el de familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años o con personas dependientes que no pueden trabajar. Condiciones estrictas que la inmensa mayoría de familias con procedimientos abiertos no cumplen. Como dramático ejemplo de ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señaló ayer que Amaia Egaña no cumpliría dichos requisitos.

La portavoz de la PAH, Ada Colau, consideró en una rueda de prensa celebrada en Barcelona que, «lejos de mejorar la situación, el Decreto la empeora», ya que las entidades «podrán escudarse en la medida del Gobierno para negarse a negociar aquellos casos que no cumplen con las condiciones impuestas». «¿Qué sentido tiene que a la medida se pueda acoger una familia con un menor de tres años y no una con dos menores de cuatro?», se preguntó Colau, para quien «este decreto obedece una vez más a los intereses de los bancos», ya que se limita «a dar rango de Decreto-Ley a la medida adoptada por la banca la semana pasada».

Colau -que lamentó la ausencia de afectados y abogados en las reuniones entre PP y PSOE- insistió en que lo urgente es una moratoria completa que paralice todos los procedimientos que afectan a deudores de buena fe, «que son la mayoría». Aunque remarcó que lo necesario es una reforma global y estructural del procedimiento hipotecario, de manera que asuma los tres puntos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la propia PAH impulsa: la moratoria misma, la dación en pago retroactiva y la conversión de la hipoteca en un alquiler social.

Críticas generalizadas

Las muestras de escepticismo no provinieron, ni mucho menos, solamente de la PAH, ya que hasta el propio ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, sin criticar la medida, señaló que «hay que ir más allá en la negociación» para hacer frente a los desahucios. También desde el ámbito político, el diputado y exalcalde de Donostia, Odón Elorza, aseguró que el Decreto «no servirá», mientras que el Ayuntamiento de Barcelona consideró que la medida «llega tarde y deja fuera a la gran mayoría».

Desde el ámbito jurídico, muy activo durante las últimas semanas, todos los sectores consideraron insuficiente la medida del Gobierno, aunque con matices diferentes. En unas declaraciones muy templadas, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, celebró «este primer paso» del Ejecutivo, aunque destacó la necesidad de reformar la Ley para parar «el drama de los desahucios». Cabe recordar que, a finales de octubre, el Poder Judicial se negó a asumir un informe encargado por él mismo en el que se proponía revisar el procedimiento hipotecario. En la misma línea, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aplaudió el Decreto, pero lo consideró «claramente insuficiente» y reclamó medidas «más contundentes».

Más críticos se mostraron organizaciones como Jueces para la Democracia, que lamentó que el Gobierno apueste por «medidas testimoniales y no por cambios estructurales». Su portavoz, Joaquim Bosch, advirtió de que el Decreto tendrá «un alcance levísimo», ya que la mayoría de familias quedarán excluidas. De la misma manera, el Sindicato de Secretarios Judiciales sentenció que no es más que una «mera operación de maquillaje». Varios Colegios de Abogados, como los de Barcelona y Girona, se posicionaron en esa línea, criticando la medida por «inconcreta, incompleta y vergonzosa».