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«Hay que ir a por los defraudadores, pero hace falta una mayor voluntad política»

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Carlos Cruzado
Pte. del Sindicato de Técnicos del Ministerio español de Hacienda

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, asegura que la amnistía fiscal aprobada con urgencia y rapidez por el Gobierno español es «un agravio comparativo», porque «se da la oportunidad a los grandes defraudadores de regularizar su situación y, además, se les bonifica. Es injusto». Afirma que es necesario actuar contra los defraudadores, pero admite que hay que «tener voluntad política de hacerlo».

Juanjo BASTERRA | BILBO

¿Qué salidas hay a la crisis?

Desde luego no las políticas que se vienen aplicando por el Gobierno español actual y el anterior. Desde mayo de 2010 se vienen aplicando políticas basadas en la austeridad, que son erróneas. Se carga la crisis en las capas más desfavorecidas y las clases medias y están siendo ineficaces, porque no cumplen el objetivo fijado de contener el déficit, que crece.

¿Qué piensa de la amnistía fiscal que ha decidido el Gobierno de Mariano Rajoy y cuyo plazo para aflorar los fondos que se han ocultado a Hacienda termina este mes?

Es una medida injusta. Porque es un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. Desalienta el cumplimiento tributario y a los agentes de la Agencia Tributaria. Y vemos cómo se da la oportunidad a los grandes defraudadores de regularizar su situación sin sanciones ni recargos, sino con una bonificación fiscal. Porque se les pide el 10%, que está muy por debajo del mínimo de la escala de la renta que está en el 24,75% ni qué decir del máximo, el 52%, o el IVA, o cualquier impuesto. Los datos daban unos ingresos en julio de 50,4 millones, y vemos qué nivel saldrá. Lo cierto es que se planteaban 2.500 millones de ingresos. Están preocupados hacia la prevención del fraude acogerse más a la amnistía.

¿Es tan difícil seguir el rastro a los defraudadores?

Hay que poner los medios. Lo que está claro es que no hay que sentarse a esperar a dar lo que consideren, sino que hay que ir a por ellos. Faltan medios y habría que dotar de más recursos, pero lo que falta es voluntad política de involucrarse en la lucha contra el fraude. Ha ocurrido con éste y los anteriores gobiernos.

Ocurre con todos, ¿por qué no quieren enfrentarse a los poderosos?

Efectivamente. A nivel estatal estamos con una economía sumergida de un 23,3% del PIB. Son 240.000 millones, lo que supone dejar de recaudar al año 88.000 millones. En el País Vasco sería una cantidad inferior, un 20,6%, es decir en torno a los 13.800 millones de economía sumergida, y más de 4.100 millones que se evaden. Es una brecha importante con la economía sumergida de la Unión Europea, que es diez puntos inferior. Si se consiguiera rebajar esa cantidad que se defrauda a nivel europeo, serían 38.500 millones de ingresos más para las arcas públicas. Esa cantidad es la que figura como intereses de la deuda en los Presupuestos Generales de Mariano Rajoy para 2013. En el País Vasco sería una cantidad de 2.500 millones. No es un argumento solo recaudatorio, que es necesario ahora, sino que es un argumento de salida de la crisis. Si hay que colaborar con ella, lo primero es ver quiénes han sido los culpables, pero ese reparto debería ser equitativo. Estamos viendo que todas las medidas tributarias se aplican a las clases medias y las desfavorecidas, como ha ocurrido con el IVA.

¿Qué echan en falta, entonces?

No solo medidas contra el fraude, contra la gran evasión, sino que de nuestros datos podemos concluir aquella opinión popular, a veces extendida, de que el fraude está en «con IVA o sin IVA» con el fontanero. Nuestros datos nos dicen que más del 71% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas y los grandes patrimonios. Además de esta necesidad de luchar contra el fraude, tendríamos que actuar contra la normativa que está permitiendo la elusión fiscal, a los grandes patrimonios y grandes empresas, que rebajan su factura fiscal.

¿Es cierto ese peligro que nos dicen que si se actúa sobre esas fortunas, se marchan?

Ya están saliendo, con una legislación benevolente.

Usted pide reforzar la inspección, pero se adelgaza la Administración pública. ¿Por qué esta actuación a contracorriente?

No se entiende. Cuando el gasto no parece que sea el principal problema, porque se nos ha vendido que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lo cierto es que la comparativa con Europa, creo que estamos en segundo lugar por la cola en nivel de gasto público solo por delante de Bulgaria. hay que controlar el gasto, que sea más eficaz y eficiente, pero no se puede aplicar una política de recortes indiscriminada como la que se está llevando adelante.

¿La brecha salarial se acentúa con la crisis económica?

Hemos presentado y analizado un informe de cómo ha crecido la brecha salarial entre las clases más favorecidas y las clases medias y bajas desde 2007. Los resultados son malos. En el sentido de que 2 millones de personas se han incorporado al índice de precariedad, constituido por los hogares y familias en el que la suma de todos los ingresos no superan los 12.000 euros o no hay ningún ingreso. En el Estado español un 44% de ciudadanos están en esta situación.

¿En la CAV, en dónde se sitúa ese índice de precariedad?

En el 24%. La diferencia de renta per cápita y del desempleo reduce ese nivel, sin duda. En Navarra estaría en el 22%, la más baja en precariedad laboral.

 

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