Lau Haizetara Gogoan, la asociación memorialista que organizaó el foro de debate sobre la creación de una Comisión de la Verdad en Euskal Herria que tuvo lugar el sábado en Andoain, lleva más de una década trabajando sobre un concepto que les ha llevado a interpelar sobre el caso vasco en foros internacionales como Naciones Unidas. «Nosotros hemos hecho nuestra propia reflexión, hemos querido profundizar en una asamblea, pero nuestra reflexión no es suficiente para poder articular una Comisión de la Verdad en la que confluyan las distintas visiones y opiniones sobre lo que debe ser un organismo de este tipo», explica Gotzon Garmendia, de Lau Haizetara Gogoan, sobre la aportación que supone el foro de Andoain, meses después de una asamblea del movimiento memorialista en el que la Comisión de la Verdad también fue objeto de debate.

Al margen de la andadura que tome una eventual Comisión de la Verdad en Euskal Herria, la asociación ha realizado un análisis en profundidad al respecto que data de los años 90, en el que concluyen, por ejemplo, que, entre los posibles contextos en los que puede surgir para implementarla, el modelo por el que apuestan es el que sitúa la decisión a instancias de gobiernos o en sede parlamentaria, con el criterio de que será en esos ámbitos donde se tomen decisiones.

En el punto de arranque de una comisión de este tipo también hay una reflexión previa. Consideran desde Lau Haizetara Gogoan que las comisiones de la verdad «no surgen por un prurito científico, sino en un contexto de transición», de paso de una situación de vulneración de derechos a una situación de democracia, escenario que, a su juicio, se corresponde con el caso de Euskal Herria. «Estamos haciendo la transición que en su día debimos hacer y no se cumplió, porque no hubo ni verdad ni justicia, ni reparación ni garantías de no repetición», precisa Garmendia, al tiempo que subraya que «el régimen franquista continuó, en la medida en que los mismos que vulneraban derechos lo siguieron haciendo hasta hoy y eso ha conllevado la existencia de un conflicto armado».

La asociación considera que «la Comisión de la Verdad es una parte de la Justicia Transicional, no el todo». Y es en este aspecto en el que destaca la aportación realizada por estamentos de Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. «`La vía que ustedes deben practicar es evidentemente la creación de una Comisión de la Verdad hasta tanto -y aquí está el matiz- no se derogue la Ley de Amnistía de 1977', porque es lo que impide hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición», explican sobre esa consulta en foros internacionales. La cuestión es que «esa ley lo que apuntala es la impunidad y la continuidad del Estado franquista. Eso nos lo dicen claramente», agrega Garmendia.

Ahondando en esa reflexión, Garmendia precisa que «esa ley dio amnistía a todos los militares que participaron en crímenes de lesa humanidad, a todos los aparatos policiales y judiciales que mantuvieron el régimen franquista durante 40 años. A ellos les dio garantías de impunidad y de continuidad, mientras a los presos que lucharon en defensa de los derechos sociales, políticos y civiles se les indultó, pero cuando salieron a la calle se encontraron con la misma situación contra la que habían luchado». «El indulto es perdón, la amnistía se da cuando se dan las condiciones de cambio para que los que sufrieron vulneraciones no puedan volver a sufrirlas o para que aquellos que lucharon por un cambio político no tengan la necesidad de volver a luchar, en la medida que ese cambio ya se tenía que haber dado», precisa.

Los contactos con Naciones Unidas arrancaron a finales de 2010. Explican desde Lau Haizetara Gogoan que se valoró entonces que existían circunstancias adecuadas «de tipo técnico y sociopolítico». La asociación consideraba que las reflexiones habían madurado y existían «vías para gestionar la impunidad y encontrar una salida en parámetros de verdad, justicia, reparación y vías de no repetición». En la parte técnica, la asociación contaba en su haber con «una serie de datos del mapa de fosas y eso nos daba suficiente fuerza como para presentarnos en instancias internacionales y decir `bueno, esto es lo que ha pasado en nuestro pueblo'», indica Garmendia. La participación es otro de los elementos cruciales. «La experiencia nos demuestra que el elemento que siempre se sacrifica en estos procesos son los movimientos sociales, los que han generado dinámicas para que este tipo de comisiones tomen cuerpo, y ahí están los movimientos antirrepresivos, que son los que tienen una relación directa con represaliados, torturados, encarcelados...», señala.

Otras cuestiones técnicas que también han abordado tiene que ver con el trabajo previo de documentación. Señala Lau Haizetara Gogoan que el trabajo de una comisión de la verdad suele tener una duración de entre un año y 18 meses a partir de un trabajo previo que debe asegurar «la compilación documental de todas las violaciones de derechos sufridas, documentalmente escritas -y eso supone trabajo de archivos y bases de datos- y orales, a partir de la recogida de testimonios siguiendo un protocolo predefinido». Además, señalan que hay otra tarea pendiente; «un protocolo de exhumaciones de represaliados, gudaris, milicianos y civiles que aporte pruebas e indicios de delitos. Eso no se está haciendo y es uno de los puntos analizados en el foro, porque requiere de formación de técnicos y una visión muy calara de los directores de los procesos de exhumación».