La llamada Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos y Abusos Policiales, dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua, ha dictaminado ocho expedientes favorables al amparo del decreto 107/2012 de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos entre los años 1960 y 1978, según comunicó ayer en lo que es el primer balance de su trabajo. Entre estos casos están los de Ángel Otaegi y Jon Paredes Manot Txiki, fusilados el 27 de setiembre de 1975 en Burgos y Barcelona. Junto al reconocimiento se establece la reparación económica para sus familias, que ascenderá hasta los 135.000 euros.

En rueda de prensa celebrada en Bilbo, junto a la presidenta de la comisión, Inés Ibáñez de Maeztu, estuvieron presentes la magistrada Manuela Carmena; el asesor de la Oficina de Atención a las Víctimas, Txema Urkijo; el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Álvaro Gil Robles; el doctor en Psicología Carlos Martín Beristain; el historiador José Antonio Pérez; y Mónica Hernando, miembro del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos. Indicaron que la comisión ha recibido 55 solicitudes, 21 de ellas por fallecimiento, 32 por lesiones y dos sin determinar. De todas ellas se han analizado quince expedientes, de los que se han resuelto once hasta ahora.

De estos, tres han sido inadmitidos por haber sido ya reconocidos como «víctima del terrorismo» o por estar fuera del ámbito material y temporal. Por su parte, ocho han sido tramitados como favorables -siete por fallecimiento y uno por lesiones permanentes-. Todos los dictámenes han sido aprobados por unanimidad.

Entre los expedientes tramitados como favorables, además de los de los últimos vascos fusilados por el franquismo, están el de Antonio Fernández Elorriaga (muerto por un disparo policial en Bilbo en 1969), Francisco Javier Núñez Fernández (muerto en 1977 por una brutal agresión de elementos policiales o parapoliciales), Antxone Telleria Mendia (gravemente herida por la Guardia Civil en Lekeitio en 1977), Segundo Urteaga Pérez de Unzueta (muerto en Araba en 1969 por disparos de la Policía Armada), Francisco Javier Batarrita (fallecido ametrallado por la Policía en Bolueta en 1961) y Alberto Soliño Mazachs (muerto por un disparo de la Guardia Civil en Eibar en 1976).

Petición a Patxi López

Asimismo, la Comisión ha elevado una recomendación para que las instituciones cumplan el «deber de memoria» y se incluya a estas personas y sus familiares en actividades colectivas de reconocimiento de las víctimas. «Planteamos el reconocimiento de víctima, no un homenaje a nadie. Además, gobiernos del PSOE y del PP ya han realizado reconocimientos como víctimas del terrorismo a miembros de ETA», indicó Urkijo, que considera que «no tiene que haber polémica» en esto. Se propondrá incluso al Gobierno de Lakua actual que materialice el reconocimiento antes de dejar paso a Urkullu y su equipo.

En sus explicaciones sobre la labor que van realizando, los miembros de la comisión apuntaron que no ha habido «reticencias» por parte de ninguna administración a la hora de facilitar documentación, pero al tratarse de casos antiguos en el ámbito de la Justicia se han topado con expedientes ya ilocalizables.

Carlos Martín Beristain destacó que esa comisión escucha a todas las víctimas, ya que esto se ha considerado un «elemento central para que la no fuera una ventanilla sino un espacio para acoger su dolor».