Raimundo Fitero
Judicial
En estos momentos en los que el ultra Ruiz Gallardón ha colocado uno de esos decretos cafres en el BOE que hacen que la Justicia sea también de clases, como siempre, pero ahora de manera explícita y tasada, se empieza a cuantificar como argumento político todas esas demandas a otras instancias que utiliza la oposición en todos los lugares y estamentos. Es verso viejo el de la judicialización de la política, incluso el de la politización de la justicia, pero cuando todo acaba en una demanda, en un juzgado, en unos considerandos o en tribunales superiores, la cartografía del pensamiento político se dibuja con el GPS de los secretarios de juzgados. En un ayuntamiento se acusa a la oposición que sus demandas han costado al erario público cerca de veinte mil euros en gastos judiciales. La cosa viene fina. A callarse y no protestar que cuesta dinero.
Las campañas electorales se dirimen antes en los juzgados y tribunales que en las encuestas y los programas. Se utilizan los casos pendientes para sacarlos en el momento oportuno, o se elimina una opción política como pasó aquí, o se la amenaza constantemente como sigue pasando aquí, o se enmienda de tal manera los asuntos pendientes como está pasando en Catalunya. Y Urdangarin buscando en sus ahorros para pagar fianza. Como se ve era un chico listo que actuaba solo o en compañía de un amigo. Je.
Pero todo venía a colación porque Tele 5 ha iniciado un proceso judicial contra un bloguero que lanzó aquella campaña de retirada de anuncios en «La Noria», que tanto daño causó al programa, como que desapareció y se convirtió en otra cosa muy parecida, pero yo diría que mejor. Se ha admitido a trámite por los prejuicios causados. Y Paolo Vasile dice: «críticas sí; amenazas no». Y tiene razón. Hasta ahora eran normales los pleitos de los famosos reclamando indemnizaciones a las televisiones por cosas sobre el honor y la imagen. Ahora es una tele que reclamaba perjuicios económicos graves por una iniciativa de censura directa a través de retirada de los anunciantes que habían sido amenazados de boicot a sus productos. Es un buen asunto para pensar un rato. Y no queda nada claro quién tiene más razones.