La Administración autonómica mueve anualmente un presupuesto de más de 11.000 millones de euros, y ese dinero no está en una caja fuerte de Lakua, sino en cajas de ahorro y bancos que hacen negocio con los depósitos. Por eso EH Bildu propone que el próximo Gobierno aproveche esa baza para lograr acuerdos con las entidades financieras con el fin de evitar los desahucios y que suspenda sus relaciones económicas con aquellos que se nieguen.

EH Bildu había anunciado que su primera iniciativa parlamentaria sería para tratar de frenar el drama social de los desahucios y ayer dio a conocer una proposición no de ley que demanda que se tramite de forma urgente.

Los parlamentarios Dani Maeztu y Marian Beitialarrangoitia destacaron que se precisa una buena Ley de Vivienda Digna que corrija la situación actual, pero que lo urgente hasta entonces es parar los desahucios.

Por ello, la proposición no de ley presentada contempla actuar en tres niveles. En el primer punto, se insta al Congreso de los Diputados a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para añadirle una disposición transitoria según la cual, «en tanto las entidades financieras continúen con carácter general recibiendo dinero de los fondos públicos, se suspendan todas las subastas y ejecuciones de viviendas habituales».

Viviendas de protección

El segundo punto de la propuesta se dirige directamente al Gobierno de Lakua, pidiéndole que paralice «inmediatamente los desahucios en las viviendas de alquiler que están bajo su responsabilidad».

EH Bildu también propone al Parlamento que pida al Ejecutivo que «utilice el derecho de tanteo y retracto en las viviendas de protección oficial y cuando un tercero pone en marcha el procedimiento de ejecución hipotecaria». Beitialarrangoitia y Maeztu denunciaron que en los 26 casos que se han dado en los últimos meses, la Administración se ha inhibido, permitiendo que viviendas construidas con el presupuesto público pasaran a manos de entidades privadas a través de la subasta de las casas y los consiguientes desahucios de sus inquilinos.

De hipoteca a alquiler social

La proposición de EH Bildu, que deberá debatirse en cuanto el Parlamento inicie su actividad tras la investidura del nuevo lehendakari, pide al Gobierno que suscriba un convenio con los bancos y cajas que actúan en la CAV «para suspender inmediatamente los desahucios». El texto se refiere específicamente a Kutxabank por «su naturaleza pública».

La coalición abertzale de izquierdas propone que ese convenio recoja la revisión de los desahucios ejecutados.

También demanda el compromiso de que las entidades hipotecarias, antes de poner en marcha un desahucio, dejen esa vivienda en manos de las instituciones públicas, para que las gestionen a través de un alquiler social, que no debería superar el 15% de los ingresos que tuviera esa familia.

Cuando las «razones objetivas» que han provocado que la familia deje de pagar la hipoteca desaparezcan, se podría volver a la situación anterior.

EH Bildu sostiene que la Administración autonómica está en condiciones de pedir estos compromisos a las entidades financieras, porque es mucho el dinero que ponen en sus manos y les permiten hacer negocios financieros.

Por ello, Dani Maeztu y Marian Beitialarrangoitia anunciaron que la proposición no de ley presentada por EH Bildu en el Parlamento insta al Gobierno «a suspender las relaciones económicas con las entidades financieras que no suscriban el convenio y ejecuten desahucios».

La coalición independentista defiende que la propuesta sea debatida con urgencia porque los dramas familiares y personales que causan los desahucios son algo diario y creciente, que exigen una actuación inmediata también por parte de las instituciones.