Un intercambio de golpes bajos frustró la primera cita entre representantes del Gobierno de Lakua y una delegación del PNV para poner en marcha el traspaso de poderes del equipo de Patxi López al de Iñigo Urkullu. Al PSE no le gustó una filtración realizada desde Sabin Etxea asegurando que en ese encuentro exigirían la paralización de la puesta en marcha de compromisos de pago por 640 millones de euros que después tendrán que afrontar los jeltzales. Así que suspendieron el encuentro.

Pero lo cierto es que el objeto de interés de la reunión había dejado ya de ser el traspaso de poderes y se había centrado en la decisión sobre el abono o no de la paga extra de Navidad a los funcionarios autonómicos, una patata caliente que el Gobierno del PSE intenta compartir con el PNV.

El miércoles, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, anunció públicamente la celebración de la reunión con el PNV y explicó que su cometido principal era el de analizar la paga de Navidad para los 70.000 funcionarios dependientes de la Administración autonómica.

En la página web gubernamental, Irekia, se puede leer como resumen de dicha rueda de prensa el titular «El Gobierno Vasco consultará mañana la supresión o no de la paga extra a funcionarios». Mendia afirmó que la voluntad del Ejecutivo es mantener la paga «porque tenemos dinero para ello», pero que debía consultarlo con el PNV en la reunión prevista para ayer.

La portavoz aclaró que, tras la consulta con el PNV, sería el Gobierno quien tomara la decisión definitiva, pero a nadie se le escapaba ya que la reunión había pasado a ser noticia y por una cuestión que no era el traspaso de poderes.

«Rompe la confianza»

Según una nota hecha pública ayer, el PNV entendió que la rueda de prensa de Idoia Mendia acababa, por un lado, con «el ámbito de discreción» que permitiera el buen discurrir del encuentro. Pero, además, consideraba que el Gobierno había tratado de «trasladar al PNV la presión pública de decisiones que, por el momento, no le corresponde acometer».

En Sabin Etxea tacharon de «incomprensibles» las declaraciones de Mendia, porque «rompía» la «confianza exigible en estos casos».

Filtración a medios afines

La respuesta de los jeltzales no se hizo esperar. Filtraron a los periódicos del Grupo Noticias y Vocento que el PNV acudiría a la reunión prevista para ayer exigiendo al Gobierno de López que paralice adjudicaciones que tiene previstas realizar antes de abandonar Lehendakaritza y que según cálculos del PNV ascienden a más de 640 millones de euros, a los que tendrá que hacer frente el futuro Ejecutivo de Urkullu.

En Lehendakaritza y Lakua tuvieron conocimiento de las acusaciones del PNV antes de que los periódicos llegaran a los quioscos ayer por la mañana. Sin embargo, no fue hasta el último momento cuando decidieron escenificar su indignación suspendiendo la reunión. Llamativamente, fue Urkullu, que estaba siendo entrevistado en Euskadi Irratia, quien dio la noticia en antena cuando ya le estaba despidiendo su entrevistador. Dijo que acaba de recibir la información, que desconocía el motivo, pero que no había sido el PNV quien había rechazado el encuentro.

«Embarrar el terreno»

Al mediodía, los integrantes de la delegación gubernamental comparecieron en rueda de prensa para explicar que la reunión se había suspendido por falta de «confianza, lealtad y discreción». Idoia Mendia y el secretario general de Presidencia, Manu Salinero, expresaron su malestar porque el PNV hubiera dado a conocer a través de medios de comunicación la postura que iba a mantener ante este encuentro, «llena de imputaciones sesgadas y de cifras tergiversadas o claramente inciertas».

Lakua acusó a los jeltzales de «embarrar el terreno» y negó que pretenda hipotecar la gestión del futuro gobierno con gastos extraordinarios comprometidos ahora. Negó la cifra de 640 millones y aseguró que las licitaciones previstas son necesarias y que el próximo Ejecutivo las podrá anular si lo considera necesario.

Tras esta rueda de prensa, el PNV hizo pública una nota en la que insiste en que el Gobierno no tome en los días que le quedan decisiones «que vayan más allá del mantenimiento ordinario de la Administración». Y avisa de que «cualquier extralimitación en tal sentido podría ser tenida en cuenta de cara a exigir las responsabilidades personales que hubiere en cada caso».