El PP insiste en su tesis de «miles de exiliados» que ya descartó el PSOE
El Gobierno español reitera su tesis sobre la existencia de «miles de exiliados» a causa de la acción de ETA y su plan para alterar el censo vasco. Estas cifras ya fueron desinfladas por el propio PSOE, con quien negocia el cambio en la Ley Electoral junto al PNV. En una respuesta dirigida a Amaiur, el Ejecutivo insiste en su hoja de ruta para modificar la correlación de fuerzas en la CAV y Nafarroa, llegando a obviar la acción de los GAL y otros grupos parapoliciales.
Alberto PRADILLA | MADRID
El PP insiste en defender la existencia de «miles de exiliados» a causa de la violencia ejercida por ETA pese a que esta tesis ya ha sido descartada incluso por el PSOE, cuyo diputado Ramón Jáuregui llegó a reducir la cifra a «un máximo de 300». Según consta en una respuesta parlamentaria remitida a Amaiur, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no desiste de sus planes para alterar el censo vasco. El documento, de cuatro folios, se basa en la hoja de ruta presentada por el Ejecutivo a PSOE y PNV hace dos semanas y que todavía está negociándose. Tanto Ferraz como Sabin Etxea ya desinflaron los cálculos del PP, mientras que la izquierda independentista los censuró por tratarse de un intento de «pucherazo».
«La amenaza terrorista ejercida durante décadas es una realidad achacable única y exclusivamente a la violencia etarra», afirma textualmente el informe, que se mantiene dentro de las tesis más inmovilistas del PP. De este modo, niega la existencia de un conflicto en Euskal Herria, achaca toda la responsabilidad a ETA y llega a obviar la actividad de grupos armados como los GAL o el BVE, por cuyas víctimas Amaiur preguntaba explícitamente, sin obtener ninguna respuesta.
Sin datos contrastados
El Gobierno español cifra en «miles» los desplazados por ETA que habrían abandonado Euskal Herria. Sin embargo, no aporta un solo dato. Únicamente se remite al informe elaborado en junio por el Centro de Estudios Políticos y Económicos (que reunió a un cónclave de expertos afines al PP y a grupos satélites como el Foro Ermua) en el que se fijan nuevas bases para poder acceder al derecho a voto. En concreto, bastaría con haber residido cinco años en Euskal Herria y haber modificado su domicilio a partir del 15 de junio de 1977. El Ejecutivo justifica este baremo argumentando que «en el mundo occidental es más frecuente la llegada de nuevos ciudadanos que la expulsión», por lo que cinco años «es suficiente para demostrar arraigo». Este punto cuenta con la oposición del PSOE, que defiende, como ya publicó la semana pasada GARA, un margen más amplio y condiciones más rigurosas.
En su batería de preguntas, Amaiur se interesó directamente por la posibilidad de que policías condenados por torturas o por «terrorismo de Estado» pudiesen beneficiarse del plan. Además, hacía referencia a un epígrafe del propio informe del Gobierno donde se imponía un veto a quienes consideraban «más cerca de las víctimas que de los verdugos». En este punto, el Ejecutivo de Rajoy es claro: podrán hacerlo si cumplen los requisitos generales, «al margen de las consideraciones realizadas por su señoría». Siguiendo esta lógica, incluso el general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, podría terminar votando en Euskal Herria si así lo solicitase.
Finalmente, a la hora de justificar el informe, el Gobierno español asegura que se han tenido en cuenta los documentos del Instituto Vasco de Criminología y del Ararteko. Ninguno de estos textos hace mención al voto, sino a mecanismos para garantizar el retorno de los desplazados.
La respuesta deja también muchas interrogantes en el aire, ya que apenas responde a poco más de la mitad de las preguntas de Amaiur. Por este motivo, la coalición soberanista ha replanteado su cuestionario, demandando al Ejecutivo, por ejemplo, si estaría dispuesto a una supervisión de la ONU.
Pese a la posición de Madrid, que llega a afirmar que su intento de alterar del censo «no vulnera la opinión del pueblo vasco, sino que pretende garantizarla», por el momento el PP sigue solo en su plan para alterar la correlación de fuerzas políticas en Euskal Herria.
La respuesta del Gobierno español asegura que el cambio de domicilio contabilizará a partir de 1977, aunque en reuniones previas había llegado a proponer que esa fecha se ampliase hasta los años 60.
Amaiur instó ayer al Gobierno español a poner en marcha «acciones constructivas» después de que haya transcurrido un año desde la declaración de Aiete y la «respuesta positiva» por parte de ETA. En un comunicado, la coalición denunció que el PP «sigue entroncado en el inmovilismo y en el bloqueo, manteniendo un discurso más propio del pasado que de los nuevos tiempos que vive Euskal Herria». En este sentido, recordó la reunión celebrada el pasado martes en la que los firmantes de Aiete anunciaron la puesta en marcha de una comisión de seguimiento de los compromisos adoptados el 15 de octubre de 2011. Además, lamentó que, «una vez más, partidos políticos de muy diferente ideología se han dado cita en Aiete. Muchos de ellos cercanos a los postulados socioeconómicos y políticos del PP y del PSOE. Sin embargo, ni uno ni el otro acudieron a Aiete».
«El PP hace caso omiso al clamor de la sociedad vasca y se encuentra en una posición claramente en contra de la paz y de la normalización política», criticó Amaiur, para destacar que, por su parte, «no escatimará esfuerzos en dar pasos en la profundización de este nuevo escenario de esperanza abierto en Euskal Herria».
En este contexto, la coalición saludó la decisión de las FARC de decretar un alto el fuego de dos meses para impulsar el proceso de diálogo con el Gobierno colombiano. Al mismo tiempo, recordó que el Ejecutivo turco también ha anunciado que se sentará con el PKK. Dos casos que contrastan con el «inmovilismo» del PP, que insiste en no dialogar. A.P.
