RESPUESTA A LOS RECORTES IMPUESTOS POR MADRID
Lakua paga la «extra» sobre la que acabará decidiendo el TC
El Gobierno López aduce que tiene que cumplir su Ley de Presupuesto y el Parlamento navarro analiza que el de Barcina tome el mismo camino
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El Gobierno de Lakua anunció ayer que pagará la «extra» de diciembre a los 67.000 funcionarios dependientes de la administración autonómica. No se trata tanto de una decisión adoptada formalmente por el Ejecutivo de Patxi López, sino del cumplimiento de su Ley de Presupuestos que, aduce, no ha podido ser reformada para eliminar esa parte del salario.
La decisión del Gobierno español de suprimir la paga extraordinaria de diciembre a toda la función pública, independientemente de la situación económica de la administración de la que dependan, provoca como reacción que los gobiernos, diputaciones o ayuntamientos que quieren pagar todo el salario a sus empleados estén tratando de buscar los resquicios legales para hacerlo efectivo.
Sin otra salida
El Gobierno de Lakua explica, para justificar su posición, que para aplicar el Real Decreto 20-2012, que suprime la paga extraordinaria de diciembre, tendría que haber reformado la Ley de Presupuestos de la CAV. De no hacerlo y no pagar, los trabajadores seguro que hubieran recurrido esa decisión ante los tribunales. De hecho, se daría un importante problema jurídico puesto que el Ejecutivo autonómico no tendría cómo motivar la decisión de no hacer efectivo el salario contemplado en sus presupuestos.
Es decir, que la primera premisa es que Lakua entiende que para aplicar el decreto que elimina la paga, antes debe reformar su Ley de Presupuesto. El problema es que Madrid tomó su decisión en julio y tanto ese mes como agosto son inhábiles en el Parlamento de Gasteiz. Además, no había urgencia por convocar de forma extraordinaria a la Diputación Permanente de la Cámara porque antes de fin de año ya había tiempo para poder hacer esa reforma.
Sin embargo, resulta que antes de que el Parlamento vuelva a reunirse, el lehendakari lo disuelve y convoca elecciones. Y ya no se puede reformar la Ley de Presupuesto.
Según explicó la portavoz, Idoia Mendia, lo que se produce en este caso en una colisión entre dos leyes que, según los informes jurídicos del Gobierno autonómico, son del mismo rango. Por lo tanto, si se presenta algún tipo de recurso, quedará en manos del Tribunal Constitucional resolver la cuestión.
De esta forma, la justificación del Ejecutivo de Lakua es que, dada la situación, no tenía más remedio que actuar como ha actuado, aunque reconoce también que su posición política es que suprimir la paga hubiera sido una decisión «injusta en el fondo y en la forma».
Recurrir el pago
Desde la Delegación del Gobierno español en la CAV apuntaron ayer a varias agencias que esperaran a conocer la decisión del Ejecutivo de Lakua para ver si la recurren. El problema para Madrid es que no hay decisión alguna. El acto que podrían recurrir es el ingreso de las 67.000 nóminas.
En opinión de Lakua eso tendría que resolverse en el Tribunal Constitucional. Queda por ver si, como intuyen el PNV, el PP y la Diputación de Bizkaia, la cuestión pudiera acabar en una sentencia que obligara a los trabajadores a devolver las cantidades recibidas por esa paga extraordinaria de diciembre.
Los gobiernos de Lakua y de Iruñea, cuya actividad está dirigida por las leyes que emanan de los parlamentos de la CAV y Nafarroa, están jurídicamente más protegidos que los ayuntamientos y las diputaciones para poder adoptar una decisión como la que tomó ayer el Ejecutivo de Patxi López.
Los gobiernos pueden alegar una colisión entre leyes que al final habrá de dilucidarse en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ni las normas surgidas de las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ni las decisiones normativas que adopten los plenos municipales tienen una consideración que pueda enfrentarse a los dictados del Gobierno español.
Cabe destacar que diputados y alcaldes que tomen decisiones que pudieran ser consideradas como prevaricación podrían acabar siendo inhabilitados para seguir ejerciendo en sus cargos.
Pese a esta mayor protección de los gobiernos, siguen existiendo dudas sobre la seguridad jurídica que ofrece la decisión de pagar la «extra» de navidad en contra del decreto del Gobierno español, puesto que, en caso de recurso, finalmente todo puede quedar al arbitrio del Tribunal Constitucional.
El PNV mencionó ayer la necesidad de evitar «cualquier riesgo de que la justicia pueda obligar, dentro de unos meses o años, a los trabajadores a devolver ese dinero». En similares términos se manifestó la portavoz parlamentaria del PP, Arantza Quiroga. Sin embargo, mientras los jeltzales aseguran estar en contra de la medida propiciada por el Gobierno de Madrid y dicen buscar fórmulas para esquivarla, el PP lamentó que el lehendakari no haya sido tan «leal» con Rajoy como lo fue con la reducción del 5% de salario dictada por Zapatero. GARA
El Parlamento de Iruñea acordó ayer solicitar al Gobierno de Lakua el informe jurídico en el que se ha basado para seguir adelante con el pago de la paga extraordinaria de diciembre. El planteamiento que defienden los grupos de la oposición es que si el Ejecutivo autonómico de la CAV tiene capacidad competencial para soslayar el decreto de Madrid, Nafarroa está todavía en una mejor posición, puesto que sus competencias sobre el pago a funcionarios son incluso preconstitucionales y previas al Amejoramiento.
El Gobierno de UPN fue de los primeros en proponer como salida el adelanto a los primeros días de enero de la paga extraordinaria de julio y anticipar después a julio la de diciembre de 2013. Así hasta 2015.
El pasado 24 de octubre el Parlamento de Iruñea aprobó por unanimidad la creación de una ponencia para estudiar las distintas posibilidades existentes para el pago del salario completo a los 25.000 funcionarios forales.
Esta ponencia se encontraba ayer reunida cuando sus integrantes tuvieron conocimiento de la decisión adoptada por el Gobierno de Lakua, y decidieron solicitar información al respecto para ver si es posible que también el Ejecutivo de Iruñea pueda tomar una decisión similar. Este grupo de trabajo volverá a reunirse la próxima semana esperando contar para entonces con el informe de los servicios jurídicos de la CAV.
Esta decisión no ha gustado al representante del PP, que ha anunciado de manera rotunda la interposición de recursos. Por contra, Victor Rubio, de Bildu, declaró a este diario que lo que está en juego es si Nafarroa tiene un verdadero autogobierno. «Llevan veinticinco años diciendo que tenemos competencias en este ámbito y otros, pero ahora Madrid hace una ley básica y se pone todo en cuestión», subrayó el parlamentario abertzale.
Las posibilidades de los gobiernos de Iruñea y Lakua para situarse frente a los decretos ley de Madrid son distintas a las que tienen las diputaciones o los ayuntamientos. Esto y las diversas posiciones de los partidos están haciendo que la cuestión del pago del salario íntegro de los trabajadores públicos esté teniendo distinta respuesta en cada institución.
En Araba, el diputado general, Javier de Andrés, del PP, tiene decidido no pagar la extra de diciembre a los trabajadores forales. La Alcaldía de Gasteiz, también del PP, tampoco pagará la extra, pero permitirá que los trabajadores pidan en 2103 anticipos de la paga de junio. Las JJGG del territorio, sin embargo, sí pagarán a sus funcionarios.
En Bizkaia, la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbo no abonarán la extra de diciembre, pero prevén adelantar a primeros de enero el pago de la de junio de 2013.
En Gipuzkoa, la Diputación insiste en la «vocación política de mantener» la paga porque tiene «un compromiso con los trabajadores» y apunta que se trata de «buscar fórmulas que sean lo suficientemente imaginativas para no caer en una trampa para elefantes». Por su parte, la Alcaldía de Donostia, también de Bildu, reitera que su objetivo es no recortar los derechos de los trabajadores y analiza qué están haciendo otras instituciones, siempre atendiendo a las peculiaridades de cada cual. I.I..
Al analizar el anuncio del abono de la paga extraordinaria de diciembre hecho por el Gobierno de Lakua, tanto ELA, como LAB y EH Bildu mostraron la necesidad de ir más allá.
En una nota, ELA pidió al Ejecutivo de López que «pague ya» para evitar injerencias posteriores que eviten el cobro. A continuación, exigió «al resto de las instituciones de Hego Euskal Herria que no hagan suyos los recortes de Rajoy, paguen la extra de diciembre y no sean colaboradores necesarios de una decisión política que tiene efectos negativos en nuestra sociedad. Es una cuestión de voluntad política y de justicia a la que nuestros gobernantes están emplazados, si no quieren hacer seguidismo de Rajoy». El sindicato pide a los trabajadores que «no bajen la guardia» y se sigan movilizando «porque esta es la única garantía para que cambien estas políticas de recortes que nos llevan al abismo».
LAB, por su parte, englobó el pago de la extra dentro de la lucha global en defensa del sector público y sostuvo que la decisión de Lakua es fruto de la lucha de los trabajadores. Considera que las decisiones de hacer frente a las decisiones de Madrid «deben ser políticas, no técnicas o jurídicas como las pretenden disfrazar». Este sindicato considera que el paso dado por el Ejecutivo de López, pese a ser político, «tiene más carácter de disputa partidista entre el PSE y el PNV».
EH Bildu, por su parte, valoró positivamente la decisión del Gobierno de Lakua pero añadió que debe defender su capacidad de decisión «para hacer frente a todas las imposiciones que vienen de Madrid, por ejemplo, en Sanidad y Educación, y no solo en el caso del pago de la extra de diciembre».
Laura Mintegi y Juanjo Agirrezabala,comparecieron en el Parlamento de Gasteiz para defender el derecho de los trabajadores al cobro íntegro de sus salarios. Recordaron también que no todas las instituciones tienen las mismas posibilidades de respuesta en estos casos.
UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) solicitaron al resto de instituciones que adopten medidas similares a las puesta en marcha por el Gobierno de Lakua. GARA
