El TSJPV avala el protocolo de los jueces de Bilbo para suspender desahucios
La Sala de Gobierno del alto tribunal respalda el protocolo aprobado por los jueces de Bilbo para permitir abrir una diligencia nueva en casos de desahucio y que los afectados puedan presentar alegaciones. Creen que en la práctica podría permitir la suspensión del desahucio.
GARA | BILBO
A los movimientos surgidos para dar una respuesta a la problemática de los desahucios se unió ayer una nueva iniciativa. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco (TSJPV) decidió amparar el protocolo aprobado por la junta de jueces de Bilbo a fin de abrir una nueva vía para que los afectados por ejecuciones hipotecarias puedan presentar alegaciones. Según sus impulsores, dicha medida podría suponer en la práctica la suspensión de los procedimientos de desahucio.
Tras la reunión del la Sala de Gobierno, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y el decano de los jueces de Bilbo, Alfonso González Guija, comparecieron ante los medios para explicar el contenido de la iniciativa y mostrar su satisfacción al respecto.
Básicamente, según explicó González Guija, este protocolo permite abrir una diligencia judicial nueva donde antes no existía posibilidad alguna de realizar ninguna alegación. De este modo, los afectado podrán presentar su caso a los jueces a través de un letrado. Esta nueva diligencia permitirá, a juicio de cada juez, la suspensión de los procesos de desahucio que sean inminentes.
La aplicación de este protocolo va a permitir también que aquellos deudores hipotecarios que no hayan comparecido en el procedimiento, tengan garantizado el ejercicio del derecho de defensa, según relató Ibarra. Los afectados también podrán solicitar asistencia jurídica gratuita.
Recomendación
Como presidente del TSJPV, Ibarra anunció que en los próximos días formulará una prevención, que remitirá a todos los órganos judiciales de la CAV con competencia en materia civil, en la que recomendará como «criterio uniforme de buena práctica» seguir el protolo aprobado por los jueces de Bilbo. Al no tratarse de una ley o de un reglamento, la decisión final recaerá sobre cada juez.
En esta misma línea, informó que ya ha mantenido conversaciones con el Consejo Vasco de la Abogacía para que en estos supuestos, de manera inmediata y siempre que los afectados lo deseen, se haga designación de un letrado. Remarcó que si se extiende la aplicación de todos estos principios «la justicia ganará».
El portavoz de Jueces para la Democracia de Euskadi, Edmundo Rodríguez, consideró que la aplicación de esta medida podría afectar a cerca de 30 familias en la CAV.