El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, defendió en el debate parlamentario que «ese colectivo potencial es una cifra nada despreciable», así como la decisión del Ejecutivo del PP de «adoptar medidas urgentes para familias vulnerables» mientras se negocian cambios legales de «mayor alcance» con otros partidos políticos.

No obstante, avanzó que el número final de hogares que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, aunque recientemente él mismo cifró en 600.000 los «teóricos» afectados por la norma..

Para beneficiarse de la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables (por ejemplo, ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad superior al 33% o dependencia).

El decreto de paralización de desahucios recibió el voto favorable de PP, UPN y UPyD y, con excepción del Popular, suscitó las críticas de todos los grupos parlamentarios, que coincidieron en que es restrictivo y excluye a muchos colectivos necesitados.

Rechazo de toda la oposición

Desde la oposición, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, declaró que el afán de restringir el número de beneficiaros ha dejado la norma «sin contenido» y añadió que el problema de los desahucios no es «de marginalidad, sino de la clase media trabajadora de este país».

Entretanto, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra acusó al Gobierno del PP de estar al «dictado de la banca porque, días antes de que el Ejecutivo de rajoy aprobara el decreto, la Asociación de la Banca puso sus condiciones, como la de los dos años de sus pensión en los desahucios y tan solo para casos extremos y sin tocar la Ley Hipotecaria. La banca habló y el Gobierno dijo amén», apuntó.

Cuadra incidió en la necesidad de reformar «de arriba a abajo» la leyes Hipotecaria, de Arrendamientos Urbanos y del Suelo «a fin de garantizar que el derecho a la vivienda esté por encima de cualquier tipo de interés lucrativo o especulativo».

Por su parte, Pedro Azpiazu, del PNV, criticó las prácticas de las entidades de crédito a la hora de conceder préstamos, mientras que Lourdes Ciuró, de CiU, pidió que la futura tramitación del proyecto de ley introduzca la figura de un mediador que haga «trajes a medida» de cada situación de deudores.

No se creen los datos

Tras ser votado el decreto, portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de Stop Desahucios manifestaron que es «falso» que el mismo vaya a beneficiar a 120.000 personas. La portavoz en Barcelona de estas asociaciones, Ada Colau, indicó que «cuestionan completamente» los datos que ofreció De Guindos puesto que «también se suponía que el decreto de Buenas Prácticas tenía que beneficiar a miles de personas y solo se han hecho 40 daciones en pago».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, entregó a todos los grupos sus propuestas de enmienda al decreto, con iniciativas como ampliar de dos a tres años la moratoria aprobada, así como modificar los requisitos para poder acogerse a ella. En concreto, reclaman que la moratoria se aplique tanto a desahucios como a embargos, «tanto iniciados como no iniciados», y que se prolongue durante un periodo de tres años para todos los deudores hipotecarios «con dificultades sobrevenidas como consecuencia de la pérdida de sus ingresos habituales por enfermedad, pérdida de empleo u otras circunstancias sobrevenidas».