Tras escuchar el martes a las partes en sendas vistas, la Sala dictó ayer dos autos en los que argumenta que ambas instituciones deben cumplir con el Real Decreto del Gobierno español que impedía el abono de esa retribución extra, «con el objetivo de contener el gasto público».

Así, el tribunal rechaza las argumentaciones de las Juntas Generales de Gipuzkoa que señalaron que el Real Decreto no se refería en ningún epígrafe a las cámaras territoriales.

También desatiende la explicación de las Juntas alavesas sobre los errores en las fechas del recurso planteado por la Abogacía del Estado sobre los acuerdos de la Mesa de esa Cámara, al entender que la pretensión de la acción judicial no es contra un acuerdo en concreto, sino contra su pretensión «reiterada» de abonar la paga referida.

Esta resolución conlleva la imposibilidad de que los 37 empleados de la cámara guipuzcoana puedan cobrar la paga de Navidad y podría suponer, como reclamó el abogado del Estado en este caso, que los 17 trabajadores de las Juntas de Araba que ya la recibieron junto a la nómina de noviembre, la tuvieran que devolver.

Críticas a las dos diputaciones

Entretato, el sindicato LAB acusó a las diputaciones de Bizkaia y Araba de «no plantar batalla» ante el Gobierno español para el abono de la paga extra a sus funcionarios ya que «les vale esta supuesta autonomía y este supuesto autogobierno».

En una concentración celebrada frente a la subdelegación del Gobierno español en Bilbo y tras una pancarta en la que se podía leer, en euskera, "No a las imposiciones, la soberanía es el camino", la responsable del sector de Servicios Sociales de la central abertzale, Arantza Sarasola, afirmó que «únicamente» la Diputación de Gipuzkoa «es quien ha planteado batalla» en términos políticos para lograr el abono de la extra. A su juicio, el resto de diputaciones «no están dando esta batalla» porque «comparten el desmantelamiento de los servicios públicos». «A ellos sí que les vale esta supuesta autonomía y este supuesto autogobierno», manifestó, para añadir que esta «actitud» del resto de instituciones responde a que «están tratando de eludir su responsabilidad directa».

En este contexto, la sindicalista de LAB realizó un llamamiento al Ejecutivo español para que reconozca «el derecho que nos asiste» para decidir «cuáles son nuestras condiciones laborales y si podemos, o no, pagar la extra» a los funcionarios «sin ningún tipo de injerencia».

9.000 euros por inspector

En relación al conflicto sobre el cobro de la paga de Navidad, el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria hizo público ayer un comunicado en el que informa de que los inspectores de Hacienda van a cobrar este mes de diciembre cantidades de hasta 9.000 euros por persona en concepto de Complemento de Productividad.

Para este sindicato, la percepción de estas cantidades es una forma de cobro encubierto de la paga de Navidad. Denuncia que la Agencia Tributaria ha decidido suprimir la paga para todo su personal excepto para el 7% de sus funcionarios, los inspectores de Hacienda del Estado, y añade que son «precisamente los empleados que más cobran de este organismo público».