cascada de imputaciones por «enaltecimiento»
El juez insiste en imputar al director de GARA por una carta de opinión
El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, imputa al director de GARA, Iñaki Soto, un delito de «enaltecimiento del terrorismo» por una carta de opinión publicada en el mes de agosto. Sus autores ya fueron interrogados y también están acusados. El responsable de este medio defiende la «libertad de expresión» y niega que el artículo insulte a las víctimas.
Alberto PRADILLA | MADRID
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco insiste en imputar por «enaltecimiento del terrorismo» a Iñaki Soto, director de GARA. Tras tomarle declaración ayer, el magistrado mantiene la acusación, basada en una carta que se publicó en la sección de «Iritzia» de este periódico el pasado 16 de agosto. En ella se recordaba el 25 aniversario del fallecimiento de Maite Pérez, militante vasca que perdió la vida junto a Rafa Etxebeste en Donostia cuando explotó el artefacto que manipulaban. El texto estaba firmado por seis ciudadanos vascos que también fueron interrogados por el juez hace un mes e incluidos en la causa, por lo que el número total de imputados asciende a siete. Todos ellos podrían enfrentarse a una pena máxima de dos años si finalmente el proceso, impulsado directamente desde Fiscalía, siguiese adelante y fuesen condenados.
Iñaki Soto, tercer director de GARA desde su fundación en 1999, es también el tercer responsable del diario que tiene que declarar como imputado ante el tribunal de excepción por contenidos publicados en este periódico. En este caso, sin embargo, la acusación no se basa siquiera en un texto elaborado por alguno de los trabajadores del medio, sino en una carta de opinión. Ayer se conoció que los seis firmantes se encuentran en libertad con cargos.
Según se informó ayer en la Audiencia Nacional, todos ellos, salvo uno que es menor de edad (y cuyo caso se encuentra en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro), se hicieron responsables del contenido de la misiva, negándose a responder a más cuestiones. La carta en cuestión, escrita en euskara bajo el título «25 urte igaro eta gero, maite zaitugu», ha sido publicada por diversos medios y plataformas de Internet. En ella, se realiza un recuerdo a la vida de Maite Pérez con motivo del aniversario de su fallecimiento, ocurrido en Donostia en 1987.
Sin saber el motivo
No fue hasta este lunes cuando Soto tuvo conocimiento del requerimiento judicial, donde ni siquiera se especificaba cuáles eran los hechos concretos que se le imputaban, sino un genérico «enaltecimiento del terrorismo». Ayer, tras varias horas de espera, compareció ante el juez Velasco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Solo entonces tuvo conocimiento del motivo.
Las preguntas, tanto del magistrado como del fiscal, se centraron en el funcionamiento interno del periódico. En concreto, sobre el proceso que sigue una carta de opinión para llegar a redacción, qué criterios se toman en cuenta para que sea publicada y quiénes son los trabajadores de GARA que se encargan de esta labor. Ante los requerimientos del juez, Soto señaló que no había leído la misiva previamente a ser publicada aunque asumió toda la responsabilidad de lo que se publica en el diario. Además, indicó que se valora la relevancia informativa así como la variedad temática.
A su vez, recordó que no se aceptarían misivas que insultasen a las víctimas, «sean las que sean», y defendió que su papel es el de velar por la libertad de expresión, por lo que rechazó censurar un escrito cuyos autores estaban identificados e ignorando que su contenido pudiese ser constitutivo de delito.
Lo que dice la Ley
La imputación contra el director de GARA choca frontalmente con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. La normativa marca que los autores «responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria». Es decir, que el director o editor del medio solo es responsable en caso de que no sean identificados los autores del escrito. Por este motivo, y al margen del debate sobre si hay o no delito en la carta, la declaración ya realizada de las personas que firman la misiva debería excluir directamente la citación posterior. Fuentes de la defensa incidieron en este aspecto mostrando su extrañeza en el hecho de que el magistrado haya insistido en llamar al responsable de GARA y mantener su imputación.
Tras abandonar la sede del tribunal de excepción sin que el juez impusiese medidas cautelares, Soto denunció a través de su cuenta de Twitter la «indefensión» ante la que se encuentran los ciudadanos vascos que se enfrentan a este tipo de acusaciones. Además, defendió que su labor es la de «garantizar la libertad de opinión, no juzgar».
«No aceptamos la censura, menos aún la preventiva. Amamos la libertad. Que se queden ellos en el pasado, nosotros avanzamos hacia el futuro», afirmó, al valorar su imputación. En relación a la misiva en sí, el director de GARA subrayó que, en su opinión, «esa carta habla de amor. Quienes la entienden como afrenta hablan desde el odio. La justicia basada en odio no es justicia».
El director de GARA, Iñaki Soto, recibió ayer diversas muestras de solidaridad, tanto desde el ámbito profesional como del político. Los apoyos llegaron tanto a través de comunicados públicos como por medio de redes sociales como Twitter.
Así, Euskal Pen Kluba, miembro del Club Pen Internacional, denunció con dureza que si no fuera suficientemente grave el ataque a una persona que como director de un periódico trabaja a diario por la libertad de expresión, la citación del juez no indicaba el motivo de la misma. Es decir, «al ataque a la libertad de expresión se le añade la opacidad». Euskal Pen Kluba recuerda que en un Estado democrático la expresión no es delito. Además, califica la denuncia a Iñaki Soto de ataque al nuevo tiempo esperanzador que vive Euskal Herria.
A través de su cuenta de Twitter o por vía telefónica, el director de GARA recibió mensajes de solidaridad y ánimo de varios periodistas de distintos medios de comunicación.
La izquierda abertzale hizo público un comunicado en el que califica de «muy grave» que «una vez más se ponga en el punto de mira el trabajo realizado en un medio de comunicación vasco», y recuerda los cierres de «Egin», «Egunkaria» y «Ardi Beltza». Sostiene que esta imputación «no es más que una nueva expresión de la estrategia que el PP de Rajoy y Basagoiti desarrolla contra las ansias de paz, soluciones y justicia de la sociedad vasca».
Desde EA, su secretaria de Comunicación, Ikerne Badiola, tachó de grave y anacrónico «volver a tener un caso de delito de opinión en un medio de comunicación vasco». A su entender, la Audiencia Nacional ha demostrado una vez más «lo lejos que está del sentir de la sociedad vasca».
Oskar Matute, portavoz de Alternatiba, calificó la imputación de «un ataque en toda regla contra la libertad de opinión» y se solidarizó tanto con el director de GARA como con los autores de la carta que se considera delictiva. Matute sostiene que, además, no existe base legal para actuar contra el director de un medio por la publicación de un artículo de opinión firmado por terceras personas.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado el 8 de enero a once participantes en una kalejira celebrada el pasado 30 de junio en Gasteiz, para interrogarles por un supuesto delito de «enaltecimiento del terrorismo». Se les acusa de portar carteles con fotografías de presos y de cantar bertsos y bailar un aurresku en su honor. La izquierda abertzale de Araba mostró su apoyo y solidaridad a los imputados.
La denuncia partió de Dignidad y Justicia. Según se recoge en el auto, aunque en un principio «en el informe de la Comisaría General de Información del CNP se afirma que dichos servicios policiales `no han sido capaces de identificar ni a las personas que aparecen en las citadas fotografías, ni a las personas que aparecen sujetando las mismas', sí han podido realizar dicha identificación tanto la Policía Autónoma Vasca como la Guardia Civil».
El texto del juez añade que «de los informes emitidos por estos últimos cuerpos policiales se desprende que las personas que portaban dichas fotografías o realizaron actos de homenaje a huidos de ETA fueron las siguientes»: Oihane Mikeo, Erlantz López de Ocariz, María Jesús Aliaga, Idoia Martínez, María Felisa Espinosa, María Lourdes Uribarri, Jorge Aurreciechea, Victor Manul López de la Calle, Ainhoa Bengoa, Agurtzane Izarra e Iker Vela, que deberán comparecer el próximo 8 de enero, a las diez de la mañana, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Según la Fiscalía, de lo practicado por la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil «resulta indiciariamente acreditado» que el pasado 30 de junio en la calle Cuchillería de Gasteiz se celebró un pasacalles organizado por el colectivo Zaharraz Harro durante el que se sucedieron diversos homenajes a presos de la ciudad. Participante mostraban la silueta de una fotografía de cada prisionero indicando el centro penitenciario donde cumple su condena, la distancia del mismo a su domicilio y los años que lleva en prisión. Además, se colocaron pañuelos verdes a diversas personas y se bailó un aurresku.
A juicio de la Fiscalía, la exhibición de fotografías, la lectura de bertsos, canciones, eslóganes y bailes «supone sin duda un acto de enaltecimiento del que serían objeto determinados miembros de la organización terrorista ETA perfectamente identificados y otros en ignorado paradero».
Por otra parte, Xabier Bidaurre Sanz, para quien la Fiscalía solicita un año de prisión y ocho de inhabilitación también por «enaltecimiento», negó en la Audiencia Nacional que participara en la colocación de las pancartas con fotos de presos en Galdakao. Justificó la aparición de huellas suyas en la pancarta señalando que había participado en la decoración de las txosnas, para lo que se utilizaron diversos materiales y elementos comunes. Su versión coincidió con la de dos testigos.
Tras la comparecencia de estos testigos, la vista tuvo que ser suspendida al no disponer del tribunal de los medios suficientes para continuar con las comparecencias, que estaba previsto que se desarrollaran por videoconferencias, según explicó la presidenta del tribunal, ängela Murillo. GARA
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz rechazó ayer la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que pretendía que el acto de recibimiento a Josu Uribetxebarria Bolinaga en Arrasate, tras su excarcelación, fuera considerado un delito de «enaltecimiento del terrorismo», de forma que se revocara su libertad condicional y se imputara además a los asistentes.
La Fiscalía también se opuso a la aceptación de la querella, señalando que el acto de bienvenida tuvo un carácter «privado» al no producirse la difusión, exaltación o expresión pública que exige este delito. Según los informes policiales manejados, no hubo carteles, convocatorias de prensa o anuncios, previos al recibimiento. Y las personas que esperaban a Josu Uribetxebarria en el bar Irati formaron un «cordón de seguridad» para impedir el acceso de los periodistas y medios de comunicación al citado local, pretendiendo de tal manera asegurarse el carácter privado del acto de bienvenida a su lugar de residencia. GARA
