Telemadrid: control ideológico y desmantelamiento de un ente público
Un total de 829 trabajadores de Telemadrid serán despedidos a partir de hoy mismo. El ERE impuesto por el Gobierno del PP supone el desmantelamiento «de facto» de la televisión pública de la capital del Estado. Con este golpe de gracia, se cierra una década que comenzó con un férreo control ideológico y que ha terminado con el 75% de la plantilla en la calle. Productoras vinculadas a la derecha española podrían ser las beneficiarias de la operación.
Alberto PRADILLA | MADRID
«Una nueva huelga impide la emisión de Telemadrid». Este cínico rótulo ha acompañado durante las últimas semanas al negro de la pantalla, lo único que podía sintonizarse desde la huelga que comenzó el pasado 20 de diciembre en la televisión pública madrileña. La enésima campaña de movilización de periodistas, técnicos y administrativos no ha logrado frenar los planes del Gobierno autonómico, presidido por Ignacio González. El ERE impuesto por el Consejo de Administración del ente público, dominado con mayoría absoluta por el PP, dejará en la calle a 829 trabajadores. En un principio se habló de 925 aunque, si se toma en cuenta que la cifra final de futuros desempleados llega hasta el 75% de la plantilla, se puede afirmar que Telemadrid será prácticamente desmantelada. Al igual que en otros ámbitos, como la Sanidad, el Ejecutivo argumenta que no hay dinero. Los empleados lo niegan. «No nos despiden por motivos económicos. Estamos ante una limpieza ideológica», denuncia Teresa García, de CCOO y presidenta del comité de empresa.
El negro desapareció de la pantalla el viernes. Tras un mes de negociación ficticia, los trabajadores han decidido esperar la fatídica carta «en nuestros puestos, para poder mirar a la cara a los responsables», según señala García. Sin embargo, no se quedarán callados. Mantendrán los paros en horarios de informativos y preparan la batalla judicial. Tres denuncias colectivas (planteadas por CCOO, UGT y CGT, los tres sindicatos con representación) y otras tantas por cada uno de los despedidos. Confían en que los tribunales les den la razón ya que, como denuncia José Ángel Jiménez, delegado de CGT, «se trata de un ERE ilegal». La decisión del juez podría tardar entre cuatro o cinco meses por lo que, para entonces, estarán ya en el paro.
Una redacción a medida
«Solo van a quedarse sus afines», denuncia Teresa García. La lista de despedidos muestra un panorama desolador: todos los cámaras irán al paro, también los técnicos de sonido. «El área técnica la arrasan, mientras que en administración se quedan con lo mínimo». En redacción se da la paradoja de que los despedidos serán los profesionales con más años de experiencia, quienes accedieron por oposición. Mientras, las nuevas adquisiciones, los contratados a «dedo» bajo el único criterio de la adhesión ideológica, mantendrán una plantilla que se limitará a elaborar los informativos. Cuando el ERE se haga efectivo apenas quedarán 300 trabajadores y la programación propia se reducirá drásticamente. Solo sobreviven las noticias y dos programas: «Madrid directo» y «Madrileños por el mundo». Aunque estos dos últimos serán completamente externalizados.
«Siempre pensé que era un empleado público, porque me congelaron el sueldo y me quitaron la paga extra como a éstos. Creíamos que éramos empleados públicos de la Comunidad. Me están robando una oposición ganada y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», se quejaba amargamente Ángel García, miembro del comité de empresa en representación de UGT. La reforma laboral promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy ha permitido que trabajadores públicos con más de veinte años de carrera puedan ser despedidos con una indemnización casi gratuita: 20 días con un máximo de 12 mensualidades.
Ignacio González, el sucesor de Esperanza Aguirre, no deja de repetir que sus razones son estrictamente económicas. Pese a ello, se ha negado a estudiar las contrapropuestas de los sindicatos. Tanto CCOO como CGT y UGT elaboraron documentos en los que, partiendo de los números que ofrecía el Consejo de Administración, reorganizaban el ente público para evitar los despidos. Ni siquiera hubo acuse de recibo. «Hemos puesto encima de la mesa nuestro propio convenio», explica García, añadiendo que «si quisiesen bajar el gasto, habrían aceptado alguna de nuestras propuestas». Al final, como señala la presidenta del comité de empresa, todo lleva a la conclusión de que el verdadero objetivo es «el negocio».
Beneficios para los aliados
«Los despidos son una estafa. El dinero no va a ir a educación o sanidad, sino que se lo va a quedar un intermediario», argumenta. La pregunta es clara: ¿quién se beneficia de la operación? «Los primeros, los que se quedan: gestores y trabajadores colocados a dedo. Al final, Telemadrid se ha convertido en la oficina de propaganda del PP», denuncia Carlos Alonso, de CGT.
También existen otros bolsillos que esperan sacar tajada. Son las productoras que, con el nuevo modelo, se harán cargo de los contenidos. No parece casualidad que las dos principales empresas que suenan como proveedoras tengan fuertes vínculos con el PP. La primera, Secuoya, cuenta en su consejo de administración con Miguel Ángel Rodríguez, antiguo secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de José María Aznar. La segunda, Vértice, mantiene lazos con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores González de Cospedal, secretaria general en Génova.
Además del negocio, el «nuevo modelo de televisión» que plantea el PP garantiza también el control ideológico. No se puede olvidar que la cadena pública, rebautizada como «TeleEspe» por su sometimiento a la doctrina de la expresidenta, constituye uno de sus grandes altavoces. Tras deshacerse de todo elemento díscolo, Ignacio González tiene ahora una redacción a su medida. Este es, a juicio de los trabajadores, una de las grandes razones para los despidos. «Tienen secuestrada la televisión pública y no quieren que haya testigos», denuncian. Mientras esperan la carta de despido, los trabajadores de Telemadrid insisten en defender una televisión entendida como servicio público. Un concepto que el PP ha combatido durante una década. Primero, a través del control y, después, con su desmantelamiento.
Antonio García fue uno de los primeros siete periodistas que accedió a Telemadrid a través de una oposición. Era 1989 y, según recuerda el informador, había ganas de salir a la calle a contar historias. Ahora, sin embargo, lleva siete años sin firmar una sola información como medida de protesta contra la línea política impuesta por el Gobierno del PP. El caso de García, como el de otros redactores de la cadena, revela la doble estrategia seguida por la dirección del PP en relación con los contenidos de Telemadrid. Por una parte, se marginó a los díscolos. Por la otra, se contrató fuera de convenio a periodistas afines que terminaron por constituir una «redacción paralela» que es la que ahora seguirá trabajando en el ente público. Para ello, se encadenaban contratos temporales hasta que se cumplían tres años. Entonces, estos redactores se convertían en «coordinadores», una fórmula que permitía eludir la legislación laboral.
Los veteranos de Telemadrid recuerdan la aparición del anagrama de ETA en un documental sobre el 11-M (en una época en la que «El Mundo» ya se había quedado solo en su teoría conspiranoica) como el punto de partida de una estrategia que convirtió a la cadena en altavoz de las tesis más ultras del PP. Los redactores se unieron y, tras recabar 80 firmas, la mayoría de la plantilla, constituyeron un consejo de redacción y comenzaron a denunciar las manipulaciones informativas. La respuesta de la dirección fue relegarles. El resultado, como indica Carlos Alonso, de CGT, es que «la audiencia ha quedado reducida a mayores de 60 años de años con ideología ultraderechista». A. PRADILLA
El ERE incluye un total de 829 despidos de una plantilla de 1.169 empleados. Cuando se implemente, apenas quedarán 300, que se dividen en 57 pertenecientes al ente, 181 a la televisión y 62 a la radio.
Los sueldos de los principales directivos llegan a superar los 140.000 euros. Tras el ERE, el PP se muestra partidario de reducir el número de altos cargos aunque, por el momento, no lo ha llevado a cabo.
Desde la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de Madrid, la audiencia de la cadena pública ha caído en picado. En una década pasó del 17% al 4%, convirtiéndose en uno de los principales altavoces del PP.
Este certamen internacional, enfocado principalmente a los profesionales de la televisión y el mundo audiovisual en general, incluye la proyección de varias producciones vascas, como «Barrura begiratzeko leihoak» o «Emak Bakia Baita» .
