El Gobierno español no ha tardado en responder al borrador de Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán propuesto por CiU y ERC al resto de partidos. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en que «de acuerdo con los tratados europeos y la legalidad española, eso que quieren hacer no se puede hacer» y volvió a repetir, por enésima vez que «se hará cumplir la ley y la Constitución».

«Fuera de la ley»

Por la mañana la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ya había advertido de contactos con el Gobierno para buscar «los mecanismos legales posibles» para frenar la aprobación de la declaración. Es decir, además de la previsible negativa a aprobar el documento, el PP hará todo lo que esté en su mano para evitar que el Parlament vote una declaración política -sin consecuencias jurídicas- que Sánchez-Camacho califica de «declaración de independencia, fuera de la ley, de la Constitución y del Estatut». El documento también se ha topado con la oposición del PSC, que el jueves ya avanzó que no lo apoyaría, mientras que ICV-EUiA y la CUP estudian todavía el contenido, aunque ya han criticado el acuerdo entre CiU y ERC por excluyente.

Ambas formaciones piden que la negociación de la declaración se abra al resto de partidos políticos favorables al derecho a decidir.