El político socialista germano, de visita oficial a Lisboa, defendió que a las políticas de contención presupuestaria puestas en marcha en toda Europa se sumen con urgencia medidas que fomenten «el crecimiento y el empleo, especialmente entre los jóvenes».

«Si no lo hacemos, perderemos la estabilidad social y el apoyo de la gente a estas reformas», advirtió Schulz.

Sobre un informe elaborado por los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de cara a la reforma que debe acometer el Estado luso para reducir su déficit fiscal en 2014, Schulz consideró que los responsables de ese organismo deberían «ser más coherentes».

Hace algunas semanas, «el FMI reconocía que se equivocó al apostar solo por recortar», señaló el presidente del PE, pero ahora el mismo organismo presenta una recomendación a Portugal que contradice esos principios.

El documento del FMI, divulgado el pasado miércoles en Lisboa, aconseja reducir la plantilla de funcionarios, despedir profesores y subir el precio de la Sanidad pública -que en Portugal es de copago-, entre otras medidas encaminadas a rebajar en 4.000 millones el gasto público.

Schulz rechazó, además, la tesis defendida «por el FMI y también por miembros de la troika» de que los recortes permiten recuperar inmediatamente la confianza de los inversores. «Desde hace años cortamos, cortamos y cortamos, y sin embargo se comprueba que los inversores no reaccionan tan pronto», recalcó.

El dirigente alemán recordó las palabras del presidente saliente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, quien defendió la idea de «premiar» a los países que están aplicando programas de ajuste.

«Imponer más cortes no es el premio para todos los sacrificios del que hablábamos Juncker y yo», aseveró Schulz, quien abogó en el caso concreto de Portugal por facilitar inversiones dirigidas a la revitalización de núcleos rurales y al sector de las energías renovables.

El FMI, la Comisión Europea y el BCE vigilan de cerca que Portugal cumpla el severo programa de ajustes y reformas vinculado a su rescate financiero de 78.000 millones de euros, que en año y medio de vigencia ha sido siempre aprobado en las inspecciones periódicas de los tres organismos.