Empezando con el cómo, el modus operandi, una ejecución con disparos en la nuca y silenciador en un local, la sede del Centro de Información Kurdo, nos remite a un grado de sofisticación y preparación que excluye, de facto, hipótesis como el de un acto criminal común. Más si tenemos en cuenta que dos de las activistas fallecidas, Sakine Cansiz y Fidan Dogan, eran vigiladas por la Policía francesa.

El por qué nos remite sin duda alguna y a botepronto a la condición de estas mujeres. Cansiz era una de las fundadoras del PKK, muy cercana a su líder preso, Abdullah Oçalan, y a la actual dirección militar del brazo armado de este movimiento. No han sido ejecutadas por ser mujeres, sino por ser lo que eran.

Esto nos lleva a la siguiente W, dónde: en el centro neurálgico de la importante diáspora kurda en la capital francesa. Todo un aviso de que no hay ningún lugar seguro para los que tuvieron que huir de su patria, ni siquiera en la céntrica calle Lafayette.

El cuándo, el momento elegido, resulta decisivo. Escasas horas antes de que fueran abatidas de una forma totalmente quirúrgica, diarios turcos adelantaban la consecución de un acuerdo de principio para desbloquear la cuestión turco-kurda. El diálogo entre una delegación de los servicios secretos turcos y Oçalan habría desembocado en sendos compromisos por ambas partes. El prisionero y líder del PKK habría accedido a pedir públicamente a la guerrilla un repliegue a Kurdistán Sur (Irak) en el marco de un alto el fuego y para un posterior desarme. El Gobierno islamista turco habría prometido impulsar una reforma constitucional para reconocer el hecho diferencial kurdo, político, cultural y lingüístico. Contaba para ello con el inestimable apoyo de la oposición kemalista del CHP (socialdemócratas).

Dejando de lado el qué (el suceso en sí), los esbozos de respuestas a las anteriores preguntas permiten aventurar la cuestión central: quién. Los kurdos tienen pocas dudas al respecto y acusan directamente al Estado turco, a la vez que denuncian, con mayor o menor énfasis, la complicidad francesa. Limitándonos, de momento y por precaución, a destacar la responsabilidad del Gobierno francés (cuyo deber es proteger a los refugiados políticos en su suelo), conviene prestar atención a la reacción de Ankara, que ha aireado un ajuste de cuentas interno en el marco de supuestas desavenencias en el seno del movimiento kurdo.

No cabe mayor cinismo. El mismo Gobierno que ha impuesto un modelo de diálogo secreto y restringido con el líder del PKK en prisión y que se niega a negociar directamente con la dirigencia política y militar del movimiento kurdo utiliza los naturales silencios y zonas de sombra en este escenario vendiendo una interpretación de estos últimos en clave de «disensiones internas». Primero se niega a abrir las ventanas de la habitación y luego carga literalmente el muerto a los que no pueden entrar y esperan, desde casa o desde el maquis, noticias sobre lo que está pasando.

Ante lo absurdo de la hipótesis, no falta quien atisba la sombra del movimiento ultraderechista de los Lobos Grises tras el atentado. Hay quien apunta incluso a un aparato militar-policial turco no suficientemente purgado y que habría actuado al margen (por encima) del Gobierno. Ni una ni otra hipótesis desmienten el hecho de que estamos ante «la razón de Estado». Del Estado turco.