El Ayuntamiento de Barcelona ha deleitado esta semana a sus ciudadanos con los espectaculares desalojos de varias naves ocupadas por inmigrantes en el barrio de Poble Nou, como si se tratase de una confirmación de la reflexión que hace pocos meses efectuaba el filósofo Josep Ramoneda: «La estimulación del sadismo ordinario de los seres humanos contra el extranjero ha sido un recurso ideológico repetido para la dominación de los ciudadanos desconcertados por las incertidumbres de los tiempos que corren».

Doce furgones de la Guardia Urbana y un centenar de agentes antidisturbios se plantaron el pasado lunes en la calle Zamora de Poble Nou, esgrimiendo una orden judicial para desalojar tres naves ocupadas desde hacía años por más de 70 ciudadanos subsaharianos. En lo que el abogado Andrés García considera a todas luces un «operativo conjunto», junto a la Guardia Urbana aparecieron varios agentes de la Policía española. La secuencia era la siguiente: los agentes municipales desalojaban a las personas del interior de las naves y, fuera, la policía española les pedía los papeles. Seis de los desalojados fueron detenidos y liberados posteriormente con propuestas de orden de expulsión.

García denuncia que se trató de un proceso judicial efectuado a instancias del Ayuntamiento, que a través de informes técnicos pidió la orden judicial con motivo de urgencia por el riesgo estructural de los edificios, olvidando que la comunidad ya llevaba tres años viviendo en las naves.

Además, en contra de lo que estipulan estos procedimientos, los afectados no tuvieron opción a alegar y recurrir la petición de desalojo, en buena parte porque se ocultó cuál era el juzgado al que el Ayuntamiento había pedido la orden de desalojo.

Ante la evidente dificultad de acceso a la vivienda y la alternativa de quedarse en la calle, un grupo de los desalojados el lunes optó, con la ayuda de entidades del barrio, por ocupar un nuevo espacio.

A primera hora de la mañana del jueves, agentes de los Mossos d'Esquadra se presentaron en el lugar y sin mediar palabra iniciaron un desalojo violento en el que llegaron a utilizar sprays de gas pimienta y en el que detuvieron a ocho personas, a las que acusan de delitos de usurpación, resistencia y desobediencia a la autoridad. Su excusa: la llamada de un vecino alertando de la ocupación. Su falta: habían pasado más de 48 horas y no contaban con ningún tipo de orden judicial.

Limpieza étnica, limpieza de la pobreza

Detalles como que fuese el propio Ayuntamiento quien instase el procedimiento judicial, que se realizase un operativo conjunto entre Guardia Urbana y Policía española en busca de personas en situación «irregular» o que el segundo desalojo se hiciese sin orden judicial alguna han llevado a las entidades del barrio y abogados como el propio García a considerar los distintos operativos como una «macrorredada por cuestiones étnicas».

En contra de lo que mandan los libros de estilo y las recomendaciones a los periodistas, en esta ocasión cabe destacar el carácter de extranjeros de las víctimas de los desalojos, así como la situación de pobreza y exclusión en la que viven, puesto que son estas características las que agravan lo sucedido a lo largo de la semana.

Así lo entiende García, que enmarca los desalojos en un «proceso de erradicación de asentamientos, entendidos como espacios donde personas en determinadas condiciones de marginalidad luchan por subsistir». También califica el proceso de «limpieza étnica y limpieza de la pobreza» y denuncia «las condiciones de exclusión y la creciente presión policial a la está sometida la población africana que vive en Poble Nou».

La estrategia no es nueva y no es difícil anticipar la intención que persigue un Ayuntamiento con varios conflictos abiertos en servicios municipales como el transporte y las guarderías.

El viernes, el alcalde, Xavier Trias, ya consiguió el titular al asegurar que las personas que han entrado en el país de forma ilegal deben ser expulsadas. Atizar el miedo al diferente y «al extranjero que nos roba el trabajo» -obviando la desregulación laboral que ha permitido contrataciones con sueldos irrisorios- es un clásico en tiempos de crisis y deslegitimidad. Sarkozy quiso ejercer de maestro de dicha estrategia, primero como ministro de Interior -banlieues- y luego como primer ministro -deportaciones de romaníes-. Las consecuencias son bien claras.

Las respuestas a los desalojos no han tardado en llegar por parte de la comunidad africana de Barcelona y por entidades y movimientos de toda la ciudad. El lunes mismo se convocó una concentración de rechazo a la operación policial y ayer una manifestación recorrió las calles de Poble Nou en «contra de los desalojos, por la libertad de los detenidos y contra el racismo institucional».

Este último es, de hecho, el trasfondo de todo lo ocurrido esta semana. En `Bienvenidos a tiempos interesantes', Slavoj Zizek recuerda la idea de un «antisemitismo razonable» formulada en los años 30 por Robert Brasilach: «No queremos matar a nadie, no queremos organizar un pogromo. Pero también creemos que la mejor manera de evitar las siempre impredecibles acciones del antisemitismo instintivo es organizar un antisemitismo razonable».

A continuación, Zizek se pregunta: «¿No es esta la misma actitud con la que nuestros gobiernos manejan `la amenaza del inmigrante'?».