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La sanidad madrileña en pie de guerra contra la privatización del PP

Seis hospitales y el 10% de los centros de salud de Madrid van a ser privatizados. Los sanitarios advierten de las graves consecuencias de poner en manos de empresas las decisiones clínicas. Por eso están en pie de guerra. Se llaman «marea blanca» y llevan adelante un intenso calendario de movilizaciones.

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Alberto PRADILLA

Se van a imponer criterios económicos sobre decisiones clínicas». Jorge, médico de atención primaria en el Hospital de Fuenlabrada, explica uno de los principales riesgos de entregar el sistema sanitario a las empresas. «Yo soy el acceso de los pacientes al sistema médico. Si se prioriza la economía, puede venir un gestor y exigirte que no derives tantos pacientes a los especialistas», considera, preocupado. Junto a él, Daniel, cirujano en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, uno de los centros con cartel de «se vende». «Se está construyendo un sistema injusto, más caro y donde los ricos podrán acceder a más servicios que quien no dispone de recursos». El plan del Gobierno de Madrid, presidido por Ignacio González (PP) para privatizar 6 hospitales (el Infanta Leonor, en Vallecas, el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, el Infanta Cristina, en Parla, el Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo) y 27 centros de salud ha llenado las calles de batas blancas. «La preocupación no es cobrar más o menos, sino que la sanidad no se convierta en un bien de consumo». Ante la inminencia de que las empresas se hagan con el control de los centros, los facultativos se han organizado en torno a la «marea blanca».

Vínculos con empresas sanitarias

La privatización completa de parte del sistema público sanitario es el final de un proceso en el que el Gobierno del PP, primero con Esperanza Aguirre y ahora con González, ha abierto la puerta de los hospitales a empresas como Capio (con vínculos con la derecha española) o Ribera Salud (propiedad de Bankia). El primer paso fue poner en marcha centros denominados «de gestión mixta», donde todo estaba en manos de las compañías salvo el personal médico. El segundo llega ahora, con la entrega directa, que se llevará a cabo mediante una estrategia bautizada cínicamente como «Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público», aprobado el 27 de diciembre de 2012. A partir de la primavera, la comunidad pagará un canon por cada paciente y serán estas empresas quienes se hagan cargo de la atención.

Javier Fernández-Lasquetty, consejero madrileño de Sanidad, argumenta que la privatización es la única salida para un presupuesto que este año sufrirá un recorte del 7%. Como en el caso de Telemadrid, tampoco ha querido recoger los planes alternativos presentados por los sindicatos. Ni siquiera explica porqué sería más barato. «Naturalmente que disponemos de datos», argumentaba ayer mismo. «No tomaríamos estas decisiones, que se toman por necesidad, sin haber analizado todas las cifras». ¿Qué cifras? Nadie lo sabe porque desde el Ejecutivo del PP no se ha presentado ni un dato. El único razonamiento, casi convertido en dogma, es repetir que una cama en un hospital privado costaría a las arcas públicas 400 euros, por 600 de las que gestiona la administración. Claro, que este cálculo tiene trampa. «Se externalizan los servicios más baratos. Pero cuando hay que administrar un tratamiento que cuesta más dinero se deriva siempre a la pública», indica Carlos Ortiz, médico en el Hospital Infanta Leonor. Una dinámica que podría generalizarse.

El primer escándalo relacionado con las privatizaciones ya ha salpicado al PP. Unilabs, empresa en la que participa Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad, se ha hecho con el servicio de análisis clínicos que el propio antiguo dirigente derechista privatizó. Las primeras consecuencias, también. «A los enfermos de diabetes no se dan jeringuillas», denuncia Carmen González, sanitaria en el Instituto de Cardiología, desmantelado por los recortes. Sin embargo, los verdaderos efectos podrían comenzar a verse en una década, cuando «puedan ser irreversibles».

Todos coinciden en que introducir la lógica del beneficio económico en un derecho básico como la sanidad provocará costes sociales muy graves. Y miran de reojo al sistema de EEUU. No quieren que se implante algo parecido y, por eso, salen a la calle. Durante diciembre se realizaron encierros. El jueves, dimitieron 322 responsables de centros de salud. Las manifestaciones se suceden e incluso se baraja una huelga indefinida. El PP, por ahora, sigue inamovible.

 

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