Ante la inminencia de la sesión decisiva en la Gran Sala de Estrasburgo, Herrira organizó en Iruñea una mesa redonda para analizar las consecuencias del fallo. Amaia Izko, abogada de presos vascos y de la propia Del Río; Jon Mirena Landa, profesor de la UPV y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua; y Eduardo Santos, profesor de la UPNA, fueron los encargados de repasarlo.

Landa destacó que la sentencia de Estrasburgo será de obligado cumplimiento para el Estado español si es ratificada por la Gran Sala, al margen de las declaraciones que puedan hacer dirigentes políticos. Países como Rusia y Turquía han tenido que aceptar, aunque fuera a regañadientes, las decisiones de Estrasburgo. Un rechazo a la aplicación de la sentencia por parte del Estado español le resulta, por tanto, impensable.

Reconociendo que no dispone de una bola de cristal y que Estrasburgo podría revocar la sentencia inicial en favor de Inés del Río -confirmando la validez de la doctrina-, modificarla o convertirla en firme, Landa subrayó que en el caso hay una serie de elementos singulares y que el Tribunal Europeo ha dado en los últimos años pasos destinados a controlar la aplicación de las penas de prisión por parte de los estados. Entiende que se juega por tanto su competencia en esta materia, por lo que no sería lógico que echara marcha atrás.

Una confirmación de la sentencia previa por parte de la Gran Sala daría más fuerza aún a este criterio, puesto que estaría avalada por 17 jueces en lugar de los cinco que firmaron la inicial. De momento, un país tan importante en Europa como Alemania se ha visto obligado a cambiar su legislación, después de que Estrasburgo sentenciara en contra del modo en que aplicaba las condenas penitenciarias.

La nueva línea del Tribunal de Estrasburgo se inició en 2008 con el llamado caso Kafkaris, un preso chipriota al que se le condenó a cadena perpetua. Al comenzar el cumplimiento, se le comunicó que estaría 20 años en prisión. Posteriormente, Chipre llevó a cabo un cambio legislativo y las autoridades de Nicosia decidieron que Kafkaris viera alargada su condena. Estrasburgo consideró esta decisión contraria a los derechos humanos y abrió una nueva línea de actuación, ya que hasta entonces no entraba a valorar la idoneidad de la aplicación de la normativa penitenciaria y del cumplimiento de penas.

El caso de Inés del Río, y del resto de presos vascos a los que se les ha aplicado la doctrina 197/2006, guarda muchas similitudes con Kafkaris. A la presa tafallesa, según recordó Amaia Izko, se le comunicó que sería puesta en libertad en 2008. Posteriormente, tras aplicar la nueva doctrina, se le informó de que tenía que cumplir nueve años más.

Por tanto, advierten razones fundadas para ser optimista en relación a la posibilidad de que Estrasburgo confirme la sentencia contraria a la doctrina 197/2006, añadidas a la evidente de que el primer fallo fue favorable a Del Río. Landa recordó, en este sentido, que el Tribunal Europeo dice expresamente en su sentencia que la presa tafallesa debe ser puesta en libertad, algo inusual.

Sin embargo, la aplicación de la condena de Estrasburgo puede ser complicada, ya que el Estado español alega que no existe un procedimiento previamente establecido para ello. El Tribunal Europeo cuenta con un Departamento para la Ejecución de Penas, dependiente del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que vela por el cumplimiento de las sentencias y ante el que Madrid tendría que responder. Alemania sí ha cooperado con Estrasburgo al presentar un plan para cumplir los fallos en su contra.

Junto a ello, hay que tener en cuenta que una demora en la aplicación por parte del Estado español podría tener como consecuencia una cascada de sentencias similares de los casos de otros presos vascos a los que se les ha castigado con la doctrina 197/2006. Una serie de condenas sistemáticas por parte de Estrasburgo colocaría al Estado español al nivel de conculcadores profesionales de los derechos humanos como Rusia y Turquía, una presión que, a juicio de Landa, sería inasumible para Madrid. Asimismo, Estrasburgo ha permitido recientemente que ONG u organismos como los Defensores del Pueblo realicen aportaciones y reclamaciones ante el incumplimiento de la sentencia, lo que puede ser un elemento de presión añadido a Madrid.

Las argucias de Madrid

Puestos a especular, el Estado español sí podría jugar a dilatar el proceso de encontrar una fórmula para aplicar la sentencia, alertó Izko. Eso pdría corresponder a la Audiencia Nacional o al Tribunal Constitucional, dos instancias muy influenciables por intereses políticos. Y el calendario corre en contra de los presos vascos. Sin abandonar el caso de Del Río, ya han pasado casi cinco años desde que se le aplicó la doctrina 197/2006 y sus recursos comenzaron la andadura que ha acabado en la capital alsaciana. Hay que tener en cuenta también que aunque la Gran Sala de Estrasburgo verá el recurso español el 20 de marzo, la decisión no será automática. Puede tardar meses. Nadie sabe cuántos con certeza, pero se estima que pueden ser al menos seis.

Si a esto le añadimos que el Estado español podría jugar remolonear en la aplicación de la sentencia, el resultado puede ser que la hora de la liberación de Del Río -y otros presos- se acerque peligrosamente a la cifra de los 30 años de condena, el verdadero objetivo de la aplicación de la doctrina 197/2006, «vengarse de las acciones de ETA en la persona de los presos», según subrayó Izko.

En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha estado años sin entrar a analizar los recursos que tenía encima de la mesa. Luego, en marzo de 2012, resolvió de repente decenas de casos que hasta entonces estaban en un cajón.