En los �ltimos tiempos la corrupci�n atraviesa los cimientos de nuestra sociedad, tanto en el sector p�blico como en el privado, alcanzando niveles alarmantes en la pol�tica que est�n provocando una profunda desafecci�n de la ciudadan�a hacia la misma y quienes gestionan el sector p�blico: representantes pol�ticos, personal de sociedades p�blicas, partidos pol�ticos, etc.

La corrupci�n, tan extendida y arraigada, socava la gobernabilidad, amenaza las instituciones democr�ticas y la propia democracia, y pone en grave peligro la credibilidad del sistema y la paz social.

La situaci�n actual, con esc�ndalos may�sculos que se repiten semana tras semana y afectan a buena parte de la clase pol�tica -y tambi�n empresarial- evidencia la necesidad de una nueva gesti�n p�blica reclamada por una ciudadan�a cada vez m�s indignada que exige que se haga el mejor uso posible de los recursos y su participaci�n en la toma de decisiones.

Establecer una conexi�n entre los derechos humanos y la corrupci�n puede contribuir a ese prop�sito y tiene gran relevancia en un momento como el que vivimos, dado que pone de manifiesto algunas de las consecuencias m�s graves de la corrupci�n.

La corrupci�n -debidamente comprobada con sentencia judicial previo juicio con todas las garant�as- supone una vulneraci�n de los derechos humanos. En primer lugar, porque viola el principio fundamental de igualdad ante la ley, pilar b�sico del marco de derechos humanos.

Por otro lado, en momentos como los actuales de crisis econ�mica, limitaci�n de recursos y crecientes recortes presupuestarios, cuando cada vez m�s personas se ven arrojadas a la pobreza, cuando crecen la desigualdad y la exclusi�n de los colectivos m�s vulnerables, resulta de vital importancia la protecci�n que ofrecen los derechos econ�micos, sociales y culturales.

La corrupci�n es, sin embargo, uno de los obst�culos m�s importantes en el cumplimiento de la obligaci�n estatal de garantizar la realizaci�n de los derechos econ�micos, sociales y culturales, incluida la movilizaci�n del m�ximo de recursos disponibles para hacer efectivos los mismos sin discriminaci�n ni regresividad deliberada.

El cumplimiento de ese principio depende en gran medida de la forma en que el Estado genera y moviliza recursos para financiar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, movilizaci�n que se ve seriamente afectada cuando la corrupci�n atraviesa los poderes p�blicos e impera con incre�ble impunidad.

La corrupci�n vulnera igualmente los principios fundamentales de participaci�n, transparencia y rendici�n de cuentas que aplicados con rigor impedir�an o al menos dificultar�an enormemente pr�cticas tales como el tr�fico de influencias, clientelismo, donaciones opacas, favores il�citos... donde no hay luz pasan cosas que nadie conoce ni supervisa.

En este contexto cobra especial relevancia el reconocimiento del derecho de acceso a la informaci�n. La mayor�a de los pa�ses occidentales se han dotado de una ley que garantiza el derecho de cualquier persona a acceder a la informaci�n p�blica promoviendo as� la transparencia. El Estado espa�ol, no obstante, es el �nico pa�s de Europa con m�s de un mill�n de habitantes que no tiene una norma en ese sentido.

El pasado 27 de julio el Consejo de Ministros aprob� el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci�n P�blica y Buen Gobierno. Dicho Proyecto de Ley se encuentra, en nuestra opini�n, por debajo de los est�ndares internacionales m�nimos.

El Proyecto de Ley presentado es insuficiente y presenta lagunas importantes: recoge una definici�n incompleta de informaci�n p�blica, va en contra de la definici�n de transparencia, excluye a instituciones como la Casa Real tambi�n presuntamente afectada por la corrupci�n, -lo cual es muy grave al tratarse de la jefatura del Estado- parte del silencio administrativo negativo y ni siquiera considera el derecho de acceso a la informaci�n como un derecho fundamental, asociado a la libertad de expresi�n y a la calidad democr�tica.

La defensa de los derechos humanos -civiles, pol�ticos, econ�micos, sociales y culturales-, debe constituir un eje central de la actuaci�n de los poderes p�blicos: una diferente aplicaci�n de las pol�ticas p�blicas, concebidas no para el beneficio de unas pocas personas, sino a partir de los derechos de todas ellas.

Es mucho lo que est� en juego. La democracia, el respeto de la dignidad de todas las personas no puede estar en manos de gobernantes y organizaciones pol�ticas que act�an con opacidad, sin transparencia, al tiempo que nos imponen continuos sacrificios y recortes de los derechos sociales conquistados durante generaciones con enormes sacrificios.