En los últimos tiempos la corrupción atraviesa los cimientos de nuestra sociedad, tanto en el sector público como en el privado, alcanzando niveles alarmantes en la política que están provocando una profunda desafección de la ciudadanía hacia la misma y quienes gestionan el sector público: representantes políticos, personal de sociedades públicas, partidos políticos, etc.

La corrupción, tan extendida y arraigada, socava la gobernabilidad, amenaza las instituciones democráticas y la propia democracia, y pone en grave peligro la credibilidad del sistema y la paz social.

La situación actual, con escándalos mayúsculos que se repiten semana tras semana y afectan a buena parte de la clase política -y también empresarial- evidencia la necesidad de una nueva gestión pública reclamada por una ciudadanía cada vez más indignada que exige que se haga el mejor uso posible de los recursos y su participación en la toma de decisiones.

Establecer una conexión entre los derechos humanos y la corrupción puede contribuir a ese propósito y tiene gran relevancia en un momento como el que vivimos, dado que pone de manifiesto algunas de las consecuencias más graves de la corrupción.

La corrupción -debidamente comprobada con sentencia judicial previo juicio con todas las garantías- supone una vulneración de los derechos humanos. En primer lugar, porque viola el principio fundamental de igualdad ante la ley, pilar básico del marco de derechos humanos.

Por otro lado, en momentos como los actuales de crisis económica, limitación de recursos y crecientes recortes presupuestarios, cuando cada vez más personas se ven arrojadas a la pobreza, cuando crecen la desigualdad y la exclusión de los colectivos más vulnerables, resulta de vital importancia la protección que ofrecen los derechos económicos, sociales y culturales.

La corrupción es, sin embargo, uno de los obstáculos más importantes en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, incluida la movilización del máximo de recursos disponibles para hacer efectivos los mismos sin discriminación ni regresividad deliberada.

El cumplimiento de ese principio depende en gran medida de la forma en que el Estado genera y moviliza recursos para financiar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, movilización que se ve seriamente afectada cuando la corrupción atraviesa los poderes públicos e impera con increíble impunidad.

La corrupción vulnera igualmente los principios fundamentales de participación, transparencia y rendición de cuentas que aplicados con rigor impedirían o al menos dificultarían enormemente prácticas tales como el tráfico de influencias, clientelismo, donaciones opacas, favores ilícitos... donde no hay luz pasan cosas que nadie conoce ni supervisa.

En este contexto cobra especial relevancia el reconocimiento del derecho de acceso a la información. La mayoría de los países occidentales se han dotado de una ley que garantiza el derecho de cualquier persona a acceder a la información pública promoviendo así la transparencia. El Estado español, no obstante, es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una norma en ese sentido.

El pasado 27 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Dicho Proyecto de Ley se encuentra, en nuestra opinión, por debajo de los estándares internacionales mínimos.

El Proyecto de Ley presentado es insuficiente y presenta lagunas importantes: recoge una definición incompleta de información pública, va en contra de la definición de transparencia, excluye a instituciones como la Casa Real también presuntamente afectada por la corrupción, -lo cual es muy grave al tratarse de la jefatura del Estado- parte del silencio administrativo negativo y ni siquiera considera el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, asociado a la libertad de expresión y a la calidad democrática.

La defensa de los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-, debe constituir un eje central de la actuación de los poderes públicos: una diferente aplicación de las políticas públicas, concebidas no para el beneficio de unas pocas personas, sino a partir de los derechos de todas ellas.

Es mucho lo que está en juego. La democracia, el respeto de la dignidad de todas las personas no puede estar en manos de gobernantes y organizaciones políticas que actúan con opacidad, sin transparencia, al tiempo que nos imponen continuos sacrificios y recortes de los derechos sociales conquistados durante generaciones con enormes sacrificios.