Hace unas semanas, el señor Félix Bariáin (UAGN) realizó unas declaraciones acerca de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, cuyo inicio de obras está programado en 2013, calificándola de «fundamental» en base a los argumentos de que es rentable para el agricultor, fundamental para la sociedad navarra, y creadora de 7.000 puestos de trabajo. Estos argumentos están en línea con los utilizados por Gobierno de Nafarroa en todas sus manifestaciones sobre el asunto.

No compartimos estos argumentos. En nuestra opinión, la ampliación del Canal de Navarra no cumple con los mínimos requisitos de racionalidad económica, ambiental o social que serían exigibles a cualquier obra pública, tal como hemos expuesto en los comentarios y alegaciones ya presentados ante la Administración.

En primer lugar, pensamos que las obras del Canal no han sido ni serán rentables para el conjunto de agricultores y ganaderos. El dinero público que se dedica al Canal (que en conjunto consume un presupuesto enorme, dato que nuestros políticos procuran ocultar fraccionando la información en sus triunfales anuncios) se quita de esas «partidas imprescindibles para agricultores y ganaderos» que, a pesar de ser imprescindibles, son mermadas año tras año. Como ejemplos de ayudas que desaparecen en momentos críticos para sectores importantes, podríamos destacar la eliminación de la ayuda a las producciones ganaderas sostenibles (más de 88.000 hay en Navarra, en un momento muy delicado por la evolución de precios), o la no convocatoria en 2012 de ayudas para la adecuación a la nueva normativa de bienestar animal porcino (de obligado cumplimiento desde comienzo de 2.013).

Las obras del Canal tampoco son rentables para una buena parte de los agricultores de la zona regable que se ven obligados a vender o alquilar sus explotaciones por tener fincas pequeñas, edad avanzada o poca capacidad de pago frente a las importantes inversiones requeridas para la conversión a regadío por presión.  Esto va a ser especialmente dramático en las más de 6.000 ha de regadío tradicional que se incluyen sin ningún tipo de análisis social en la ampliación (por no hablar de la falta de análisis de la pérdida de valores ambientales y paisajísticos que van a sufrir estas vegas).

Permanece siendo una incógnita si, a pesar de la enorme cantidad de dinero público invertido que nunca será recuperado (porque los regantes pagan sólo una parte relativamente pequeña del total invertido, el resto lo pagamos todos), las obras van a ser rentables a medio y largo plazo para los agricultores que permanezcan. Es cierto que actualmente estamos en un máximo histórico de precios de cereal, pero no es prudente suponer que los precios se mantendrán en este nivel mucho tiempo. Y sin precios altos, las cuentas no salen (por otra parte, en el cereal de secano, según los años y las zonas, también se han sacado buenas rentabilidades sin grandes inversiones ni costos).

Además, al mismo tiempo que se anuncian nuevas inversiones en la ampliación, los agricultores de la primera fase han visto cómo se les aplazan las ayudas que se les habían prometido en 2.012 para la instalación en parcela, nueva maquinaria y secaderos, lo cual en muchos casos les pone en dificultades financieras, ya que han tenido que realizar inversiones importantes en estos conceptos.

Lo que sí es perfectamente conocido es que estas obras no van a generar 7.000 puestos de trabajo. No hay más que ver los datos disponibles de los diferentes sectores de la primera fase del Canal para comprobar en cifras que no ha habido creación de empleo. No hay más que ver cuáles son los cultivos mayoritarios para entenderlo (regadío extensivo, mayoritariamente cereal, que apenas requiere mano de obra). No hay más que hablar con cualquier agricultor de la zona para confirmarlo. En la situación social y económica en que estamos, resulta triste e indignante ver a alguien que por fuerza tiene que conocer la situación empleando semejante argumento.

Los argumentos a favor de la ampliación son papel mojado, porque este proyecto no está amparado en un análisis serio de su necesidad o su conveniencia. Se trata de una huida hacia adelante con el proyecto Itoiz-Canal de Navarra, proyecto que representa lo peor de una política de aguas arbitraria, autoritaria y opaca, empeñada en la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas, donde quienes se han beneficiado son los bancos y las constructoras.

Otro aspecto preocupante es el de las fórmulas de financiación público-privadas, que no son otra cosa que una privatización de los servicios del agua. En las obras de interés general de la zona regable de la primera fase, se utilizó una fórmula de peaje en sombra que lastrará durante 30 años las cuentas forales con un canon que ya asciende a los 13 millones de euros al año. Como esta fórmula ya no está permitida en Europa, Gobierno de Nafarroa ha decidido que INTIA valore la posibilidad de un sistema concesional, o la de una sociedad de economía mixta. Esto supone un escenario de gran incertidumbre económica para los futuros regantes de la ampliación, que de acuerdo con las fórmulas de financiación previstas (régimen concesional o sociedad mixta) podrían tener que pagar una mayor parte de las obras que los de la primera fase. A pesar de esto, a los agricultores ni se les informa ni se les pregunta, incumpliendo con ello la Ley de Aguas y la Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas.