«El derecho a la autodeterminación de los pueblos es legítimo y es legal, pero no está desarrollado en la legalidad española y este es el hueco que pretendemos llenar con esta propuesta. Queremos que el corpus legal español lo recepcione». Así explicó ayer el portavoz de ERC, Alfred Bosch, la proposición de ley presentada en el Congreso español por su formación, Amaiur y el Bloque Nacionalista Galego. La iniciativa intenta que la legislación española regule el derecho a decidir de naciones como Euskal Herria, Països Catalans y Galiza. Sus promotores recuerdan que Madrid ha firmado diversos protocolos internacionales que avalan el ejercicio de la libre determinación. Ahora, la propuesta tiene por delante un trámite parlamentario que, en última instancia, dependerá de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Baja.

«Nuestra primera exigencia es que esto se debata, que llegue al pleno, porque sería la primera vez», indicó Bosch, quien remarcó que la autodeterminación es «la prueba de algodón de la democracia española». «No solo porque los pueblos piden su derecho a decidir, sino porque el Estado español debe asumir este reto democrático», añadió.

En la misma línea se pronunció Xabier Mikel Errekondo, que recordó que, ante los «ríos de tinta negra» que corren sobre la corrupción, «estamos ante un Estado fallido; es que ni siquiera existe Estado de derecho». Según denunció, a los ciudadanos se les veta la posibilidad de decidir en cuestiones fundamentales. «Un nuevo Estado sería el mejor garante de los derechos individuales y colectivos», apostilló.

Regula el quién y el cómo

El texto, que fue entregado en el registro del Congreso español, reconoce a Euskal Herria, Països Catalans y Galiza como naciones sujetas al derecho de autodeterminación. Además, establece la regulación para ejercerlo. De este modo, el referéndum podría ser convocado por el gobierno autonómico, por propia iniciativa o a instancia del parlamento, o por el 20% del censo. El resultado sería válido con una participación superior al 50% y, en caso de que el número de votos afirmativos se impusiese, se proclamaría la independencia.

Un proceso que, según determina la normativa, debería de desarrollarse de forma «progresiva y no traumática», con la posibilidad de solicitar la mediación de Naciones Unidas.

El texto elaborado por ERC, BNG y Amaiur tiene también el apoyo de CiU y PNV (tal y como confirmaron fuentes jelkides a este periódico), así como de ICV. Como era previsible, PP y UPyD se cierran en banda, mientras que están a la espera de que el PSC se pronuncie. No obstante, durante la tramitación se repetirán las conversaciones.

Ahora, quedan por delante diversos trámites que deberían facilitar que el texto sea votado en pleno. Todos los portavoces rechazaron la opción de que el PP, que ostenta mayoría en la Mesa del Congreso, pueda vetarlo. «Sería bochornoso», consideró Errekondo.