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Sordo (CCOO) insiste en un acuerdo para los convenios con arbitraje voluntario
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Juanjo BASTERRA | BILBO
Unai Sordo, secretario general de CCOO de Euskadi, compareció ayer tras la primer reunión de la nueva comisión ejecutiva del sindicato elegida en el décimo congreso.
En presencia de Loli García, secretaria de Empleo y Formación; Santi Martínez, secretaría de Movimientos Sociales; y Oskar Arenas, de la secretaría de Comunicación, destacó las tres prioridades que se fija la central sindical para esta nueva etapa: dar un impulso a la creación del empleo ante la crisis; impulso de la negociación colectiva frente al bloqueo patronal y fiscalidad e impulsar una red de redes sociales entre el colectivo sindical para ofertar a los afiliados, entre otros aspectos, circuitos de consumo y, entre otras cuestiones, a interactuar.
Unai Sordo destacó el compromiso de CCOO de Euskadi de «dar cuenta de las subvenciones que obtiene la organización». Se ha establecido un protocolo de transparencia, que de forma periódica, informará del empleo de las subvenciones.
«Se está produciendo una desafección, sobre todo en la vida política ante lo público y lo organizado y hemos decidido hacer un esfuerzo de transparencia», indicó Unai Sordo.
Respecto a la creación de empleo para hacer frente a la crisis, CCOO considera que «la movilización es necesaria, pero no nos resignaremos y haremos propuestas encima de la mesa».
En cuanto a la negociación colectiva, alertó del peligro de que en julio se produzca un grave problema ante la paralización de los convenios por parte de la patronal. Llamó a lograr un acuerdo sobre la validez de los convenios provinciales, la ultraactividad y poner fin a la posibilidad que tienen los empresarios en la inaplicación de los convenios. Para ello, dijo que las desavenencias se resuelvan en el Preco, en el seno del CRL-LHK y sobre el conflictivo fin de la ultraactividad en un año, Unai Sordo dijo que se podría avanzar en una mediación o arbitraje voluntario.
Hasta la fecha, la patronal consideró este requisito como obligatorio, lo que hizo saltar un acuerdo a principios de 2012.