La intencionalidad de sembrar confusión a la hora de pensar las cosas es una de las estrategias centrales de quienes detentan el poder. Haciendo uso de sus intelectuales orgánicos y de sus tecnócratas, en su apología permanente del confusionismo, se aprovechan de sembrar falsas identificaciones que por un lado sacralizan un determinado modelo de estructura política que es el estado actual, y por otro satanizan a la ciudadanía no sometida.

La aclaración es tan sencilla como evidente: no podemos identificar lo público con lo estatal, ni lo privado con todo aquello que no es estado. La diferencia entre lo público y lo privado radica, aunque no tan solo, pero sí principalmente, en la existencia o no de ánimo de lucro en la intencionalidad de las acciones humanas. Y ánimo de lucro significa hacer prevalecer los intereses de quienes obtienen beneficios del trabajo, de los votos o de las ideas de los demás. Es desde aquí desde donde podemos valorar el talante de un estado, es decir, su carácter público o privado.

Efectivamente, en nuestro caso, el estado es público por dos cuestiones: porque todos los ciudadanos pagamos los impuestos y el dinero con el que nutre sus políticas económicas es de todos y, en segundo lugar, porque votamos a los partidos que legitiman las políticas legislativas que regulan formalmente la sociedad.

Pero cada vez más es por lo único que es público, puesto que la privatización del mismo, es decir, la utilización del dinero de todos para subvencionar intereses particulares y la toma de decisiones cada vez más descarada en contra de las necesidades de la ciudadanía hace que el estado sea cada vez más privado, y lo que es peor, corrupto y prevaricador.

Sin embargo, en la sociedad civil a la que pertenecemos todas las personas existen multitud de corporaciones que se organizan, actúan y defienden derechos y libertades colectivos sin ningún ánimo de lucro, que frecuentemente están en confrontación con la violación por parte del estado de los derechos y libertades formalmente reconocidos o son elementos imprescindibles de cambio para conseguir que las mayorías sociales y sus intereses colectivos produzcan transformaciones legislativas, haciendo que la sociedad participe, sea protagonista y no paciente de su historia.

Esas organizaciones o movimientos ciudadanos son públicos y no estatales, y son elementos de cambio social impres- cindibles para entender que los estados han de publificarse y no privatizarse, que los derechos se conquistan y arrebatan a las elites de poder, y no vienen dadas, en una burda confusión entre realidad y legalidad por el hecho de estar escritas en una u otra constitución. Y por cierto ya podemos aprovechar su crisis construida para resistir y frenar cuanto antes esta privatización de los estados, porque si no, el día después de la crisis ya no existirá lo público ni dentro, ni fuera del estado.