La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay amaneció ayer rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad ante la manifestación silenciosa convocada por el Frente Amplio contra la decisión de la SCJ de declarar inconstitucional una ley que evitaba la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985). La Policía uruguaya valló los accesos por dos calles distintas al edificio del alto tribunal, en pleno centro de Montevideo

El pasado día 15 trasladó a un juzgado civil a la juez de lo penal Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de procesos por violaciones de derechos humanos en la dictadura.

En su pugna contra el Gobierno, la SCJ declaró también inconstitucional una ley impulsada por el oficialismo que pretendía evitar la concentración de la tierra en el país.

Además de la manifestación de ayer, la corriente del presidente, José Mujica, el Movimiento de Participación Popular, anunció que impulsará «acciones legales» en el Parlamento contra los miembros de la Corte, que considera «responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay».

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se mostró «sorprendida y preocupada» por esta resolución, aplaudida por los militares que presentaron el recurso de inconstitucionalidad. Su abogada, Rosana Gavazzo, hija de un represor condenado, tildó de «grave» la marcha.