Bárcenas desliga al PP de sus cuentas en Suiza, donde acumuló más de 38 millones
Luis Bárcenas admite haber amasado 38 millones de euros en diversas cuentas en Suiza. Sin embargo, trata de desligarlas del PP y defiende la legalidad de sus finanzas. Este es el resumen de la esperada comparecencia del extesorero de Génova en la Audiencia Nacional española, que tuvo lugar ayer. El juez Pablo Ruz, que investiga la trama Gürtel, apreció indicios de delito, le prohibió abandonar el Estado español e impuso la obligación de comparecer cada 15 días.
GARA | MADRID
El extesorero del PP Luis Bárcenas llegó a amasar 38 millones de euros en cuentas en Suiza. Sin embargo, no tienen nada que ver con las donaciones que recibió Génova y que él se encargaba de gestionar. Esta es, al menos, la versión ofrecida ante la Audiencia Nacional española por el protagonista del principal escándalo que asedia al partido que preside Mariano Rajoy. Su objetivo: no manchar al PP. En realidad, ayer tenía que rendir cuentas sobre el origen de sus fondos en el paraíso fiscal y no sobre los sobresueldos que supuestamente abonó a la cúpula de la derecha española, que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, las explicaciones de Bárcenas no convencieron al juez, Pablo Ruz. Aprecia riesgo de fuga, por lo que le retiró el pasaporte, le impuso la prohibición de abandonar el Estado español y le obligará a comparecer cada 15 días en el Juzgado.
La esperada declaración de Bárcenas dentro de una pieza separada de la trama Gürtel se alargó por espacio de tres horas. El extesorero del PP solo respondió a las preguntas del juez, de los dos fiscales anticorrupción y de su defensa, negándose a contestar a las acusaciones particulares y a la Abogacía del Estado. Según su versión, habría acumulado hasta 38 millones de euros en cuentas de Suiza, casi el doble de lo que se conocía hasta el momento. No obstante, el extesorero intentó desligar a Génova de aquellos fondos.
Según relató ante el magistrado, comenzó a amasar su formtuna en los años 80, cuando tenía 25 años, a través de inversio- nes en bolsa, compraventas inmobiliarias y negocios de arte. De este modo, defendió la legalidad de sus cuentas y negó que obtuviese beneficios con las donaciones que gestionó como responsable económico. Para ello, presentó como prueba su declaración ante notario, hecha pública la semana pasada a través de un informe policial.
Aportaciones anónimas
Sobre las donaciones al PP, Bárcenas admitió haber gestionado 32,7 millones de euros, de los que 23,7 corresponderían a entregas anónimas. Para justificar los pagos, el extesorero entregó un documento con membrete de la formación presidida por Mariano Rajoy. En dicho documento no aparece el registro sobre quién entregó el dinero. Tampoco se hizo mención a los supuestos sobresueldos denunciados por los diarios «El País» y «El Mundo».
Pese a las explicaciones de Bárcenas, el juez Pablo Ruz observa indicios de delitos «contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo». De este modo, impuso una serie de medidas de control como la prohibición de abandonar el Estado español, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse ante la Justicia cada 15 días. El magistrado argumentó que los fondos de los que dispone el extesorero en el extranjero le hacen ser susceptible de tratar de huir del proceso en su contra.
Según fuentes jurídicas citadas por las agencias españolas, Bárcenas habría aportado documentación para apoyar su versión. Sin embargo, los procesos en su contra se acumulan. A la investigación de Ruz se le suma otra que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción sobre los supuestos sobresueldos al PP. El escándalo por irregularidades financieras sigue acosando al partido que dirige Moncloa.
IU presentará esta semana una querella contra altos cargos del PP (Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Federico Trillo, Rodrigo Rato, Pablo Crespo y Ángel Acebes) y constructores aparecidos en los papeles del extesorero.
El PP aseguró ayer que existen posibilidades de alcanzar un pacto político contra la corrupción, tal y como defendió durante el Debate sobre el Estado de la Nación. Las propuestas las someterán hoy a votación en el Congreso.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoce ahora que la auditoría externa que anunciaron a bombo y platillo nada más estallar el «caso Bárcenas» tiene dificultades para ser llevada adelante. Según señaló en una comparecencia celebrada en Génova, las auditoras están poniendo trabas para estudiar las cuentas de la formación que preside Mariano Rajoy. De este modo, el ejercicio de «transparencia interna» que prometió el PP podría quedarse en un mero anuncio y un documento elaborado por su propia tesorera. Obviamente, el informe interno avala las cuentas del partido, aunque sin el soporte de un estudio independiente.
Cospedal aseguró además que su formación no acepta «chantajes», en referencia a su extesorero. Lo que no termina de aclarar es porqué Génova pagó 400.000 euros en mensualidades durante tres años, pese a que, supuestamente, Bárcenas ya no formaba parte del PP. Para justificar los pagos, Cospedal habló de «indemnización en diferido», que no está muy claro de qué se trata pero que, según afirmó, contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de Génova. «Esta persona no ha realizado trabajo alguno y dejó de ser tesorero del PP en abril de 2010», insistió la «número dos» de Rajoy, obviando que su partido abonó la Seguridad Social de Bárcenas hasta el pasado mes de enero.
Finalmente, Cospedal anunció que el PP presentará una acción judicial conjunta entre los miembros del partido citados en los «papeles de Bárcenas» aunque no dejó claro si finalmente el presidente español, Mariano Rajoy, tomará parte. GARA
