En una interpelación que aludía a la manifestación de 115.000 personas el 12 de enero en Bilbo, a las encuestas favorables al respeto de los derechos de los presos y a las declaraciones del Ministerio del Interior asegurando que no iba a variar la política penitenciaria, EH Bildu preguntaba directamente al lehendakari «qué acción o plan concreto va a plantear el Gobierno de Gasteiz para la repatriación de las presas y presos vascos, y la puesta en libertad de quienes sufren enfermedades graves y quienes han cumplido legalmente su condena».

Iñigo Urkullu, sin embargo, declinó responder y mandó que fuera el consejero de Justicia quien contestara en el pleno parlamentario de ayer. Erkoreka empleó buena parte de su tiempo en señalar que el Ejecutivo autonómico, aunque lo ha pedido, no tiene transferida la competencia de prisiones. Entrando en la materia de la interpelación, señaló que «la experiencia enseña» que el trabajo discreto es más eficaz que «el ruido y el jaleo». Y añadió que el Gobierno «seguirá aprovechando su capacidad de interlocución, que la tiene», para «trabajar discretamente por una política penitenciaria más flexible y abierta».

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga informó a Josu Erkoreka de que, desde que el lehendakari se entrevistó con Mariano Rajoy, «veinte presos han sido trasladados de cárcel, hacia otras más alejadas de Euskal Herria; a tres más se les ha aplicado la llamada `doctrina Parot', familiares de Mikel Turrientes sufrieron un accidente y trece presos enfermos graves siguen en la misma situación».

Necesidad de un plan propio

Señaló Arzuaga que su grupo no cree que esto forme parte de lo acordado por Urkullu y Rajoy, pero que está claro que el Gobierno español no quiere solucionar la cuestión de los presos. En opinión de EH Bildu, «el recorrido que marcaba el lehendakari con su discreción no se ha mostrado efectivo».

Por ello, reivindicó la necesidad de un plan para traer a los presos y presas políticas vascas a Euskal Herria, un plan que hay que consensuar entre la propia sociedad, los diferentes agentes y las instituciones.

Asimismo, el parlamentario independentista denunció que los estados español y francés vulneran todos los días los derechos de los y las presas políticas y sus familiares. Por ello, reiteró al consejero de Justicia, como ya hizo anteriormente en una comisión, que el Gobierno no puede refugiarse en la distribución de competencias sobre política penitenciaria para evitar implicarse en la resolución de ese problema. «No es un problema de competencias», afirmó desde la tribuna Julen Arzuaga, porque «antes que traer las competencias hay que traer a las personas».

Los deberes de los presos

En su respuesta, el consejero de Justicia, Josu Erkoreka, dijo que si en la primera parte había hablado de lo que podía hacer el Gobierno, en la segunda lo haría sobre «lo que pueden hacer los propios presos». Aseguró, por ejemplo, que la distribución en grados de los prisioneros se hace de manera individualizada, en función de su actitud personal y pronóstico de resocialización. Detalló que ocurre lo mismo con los llamados beneficios penitenciarios. En su opinión, eso se certifica en que no todos los presos están en la misma situación, y algunos están en cárceles vascas desde hace tiempo.

En la actualidad, de los más de seiscientos presos vascos, prácticamente la totalidad están en primer grado y no llegan a la veintena los encarcelados en prisiones de Euskal Herria.

Josu Erkoreka pidió a la izquierda abertzale que a los presos «se les diga la verdad» sobre cuál es la legalidad y las oportunidades que ofrece, sin darles «falsas esperanzas». Concluyó diciendo que «aquí cada cual tiene su responsabilidad. El Gobierno cumplirá con la suya, pero también los grupos parlamentarios tienen la de informar a los presos de la realidad».