El Gobierno colombiano y las FARC-EP iniciaron el viernes un receso de nueve días en las conversaciones que, desde noviembre, mantienen en La Habana.

Ambas delegaciones se despidieron con mensajes positivos, aunque con matices. El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que han pasado de «las aproximaciones a los acuerdos alrededor de un proceso de desarrollo rural profundo, el cual también hace parte de los propósitos centrales del Ejecutivo».

Precisó que «se ha avanzado en el diseño de programas e instrumentos de recuperación de tierras en manos de ilegales y acceso por parte de los campesinos que carecen de ellas o que la poseen de manera insuficiente». Indicó también que «se ha abordado la necesidad de actualizar el catastro rural y de crear incentivos para una mejor utilización del suelo».

Por su parte, Iván Márquez, a la cabeza de la delegación de las FARC, aseguró que «nunca antes un proceso de paz había avanzado tanto», aunque matizó que «aún no hay acuerdos, estamos trabajando en la construcción de un acuerdo conjunto».

En una comparecencia junto a varios de los integrantes de la delegación de la guerrilla, insistió en la necesidad de «un catastro alternativo en el que participen organizaciones agrarias y sociales, las víctimas, los desplazados, con veeduría internacional, para no dejar que esta tarea, tan trascendental para la paz, sea asumida por la desprestigiada y parcializada oficina de `restitución' de los victimarios».

«Vacas, como princesas»

El latifundio y las tierras improductivas sigue siendo uno de los mayores puntos de desacuerdo. En más de una ocasión, Márquez ha denunciado que «los ganaderos tienen en sus manos cerca de 40 millones de hectáreas y un hato ganadero de 22 millones de vacas que viven como princesas en grandes extensiones de tierras que podemos utilizarlas para cultivar, producir alimentos». Propone que «se podrían tomar 20 millones de hectáreas para repartir la tierra entre los campesinos y ponerlas al servicio de la soberanía alimentaria. Necesitamos producir alimentos porque, hasta hace poco, Colombia era autosuficiente en un 90%, producíamos lo que nos comíamos, y ahora, con la política neoliberal, esto cambió y hay que importar más de 10 millones de toneladas de alimentos».

Desde un principio, el Gobierno ha dejado claro que no piensa cambiar su modelo económico y que este tema no está en la agenda que pactaron en Cuba.

Más allá de las manifestaciones públicas, queda claro que la resolución del conflicto pasa por abordar la cuestión agraria en su conjunto, desde un reparto más equitativo de la tierra y la política de despojo, el desplazamiento de cinco millones de personas y la discriminación de las poblaciones indígenas y campesinas, hasta la masiva presencia de las multinacionales.