A pesar de que Petronor ya ha construido la polémica planta de coque -a la que se dio permiso de apertura en junio de 2012-, lo cierto es que la batalla judicial tiene visos de prolongarse aún unos cuantos años más después de la última sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Bilbo, que anula las licencias de obra y actividad que, en febrero de 2009, otorgó el Consistorio de Muskiz a esta instalación y a la unidad de cogeneración del complejo petroquímico.

Petronor y Ayuntamiento recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la resolución del magistrado Fernando Goizueta Ruiz, tal y como ya hicieron cuando en enero de 2011 el juzgado anuló también unos permisos similares que había concedido el Consistorio de Abanto.

En la exposición de los fundamentos jurídicos por los que procede a estimar el recurso interpuesto por Meatzaldea Bizirik, el juez emplea los criterios mantenidos en la anterior resolución. Por un lado, se argumenta que al concederse por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Lakua la Autorización Ambiental Integral (AAI) al complejo de Petronor el 6 de mayo de 2008 se impusieron unas medidas correctoras sin que constase que, «al menos a la fecha de concesión de las licencias recurridas», dichas medidas se hubiesen cumplimentado por la compañía que preside Josu Jon Imaz.

La AAI, por cierto, no fue efectiva hasta abril de 2010, cuando Medio Ambiente ratificó que las medidas correctoras impuestas dos años antes a Petronor se habían implantado, tal y como se le había exigido.

En la sentencia se apunta a que «no era, por tanto, `automática' la resolución municipal, sino condicionada a dicha acreditación documental y, en definitiva, debida en un sentido u otro, según se produjese o no la misma».

Lógicamente, y así lo dice la sentencia, todas esas cosas pueden parecer subsanables. No sucede lo mismo con el otro aspecto en el que incide el fallo, la ausencia y autorización de Costas al emplazarse la Unidad de Reducción de Fueloil (URF) y la planta de coogeneración energética en dominio público marítimo terrestre, autorización de la que carecían.

Ecologistas vienen defendiendo que la Ley de Costas no permite una instalación de estas características en dominio público, por lo que no se puede autorizar su implantación. «Es más, la propia ley indica que el plazo para contestar es de seis meses y que el silencio administrativo es negativo», precisan.

Convulsión en el Consistorio

La anulación de las licencias de obra y actividad es, por el momento, el colofón a años de pleitos y tensión en el propio Ayuntamiento de Muskiz, donde en febrero de 2009 se produjo una ruptura en la Junta de Gobierno que compartían EA y PSE.

De los cinco representantes, cuatro -el alcalde Gontzal Riancho (EA), así como los ediles Iñaki Palacios (EA), Fernando Martín (PSE) y Eduardo Briones (PSE)- votaron a favor mientras el delegado de Medio Ambiente y concejal de EA Marcos Cucó lo hizo en contra. Aquella crisis derivó luego en su abandono de la actividad municipal, aunque Cucó, fiel a sus ideas, participó luego en la coalición Biltzen, que aglutina a independentistas y soberanistas de izquierdas de la localidad minera.

Cucó, como lo hizo entonces, recuerda que su oposición se fundamentó en un informe de la secretaria que decía que faltaban las autorizaciones de la Dirección de Costas y de la Agencia Vasca del Agua URA. En su opinión, la presión ejercida por la filial de Repsol fue determinante para que sus excompañeros del Gobierno municipal otorgasen las licencias.

Desde la oposición, el portavoz del PNV y actual alcalde, Borja Liaño, lideró una campaña pública y privada por el proyecto. Desde la Coordinadora Anti-Coke siempre han denunciado la vinculación de los jeltzales con la compañía petrolera, hasta tal punto que su expresidente Imaz dirige Petronor. Por tanto, no sorprende que ahora se interponga un recurso de apelación, aunque Biltzen no considera «legítimo» que el Consistorio actúe «de parte, dando la espalda al sentir popular».