Al menos 23 personas murieron ayer en Bangladesh en el cuarto día de protestas contra la condena a muerte por crímenes de guerra a Delawar Hossain Sayedee, de 73 años y vicepresidente del mayor partido islamista del país, Jamaat-i-Islami. Un tribunal especial lo condenó el jueves por su implicación en saqueos, violaciones, incendios intencionados, conversiones forzosas de hindúes al islam y por crímenes contra la humanidad durante la guerra de independencia del país de Pakistán en 1971. Este dictamen generó una ola de protestas entre sus seguidores, que denuncian que el juicio tuvo motivaciones políticas.

Según la agencia estatal UNB, al menos 23 personas murieron ayer y decenas resultaron heridas sobre todo en distritos del norte del país, donde las autoridades ordenaron el despliegue del Ejército en algunas zonas.

Los incidentes más graves ocurrieron en Bogra, a unos 230 kilómetros al norte de Dacca. Once manifestantes perdieron la vida a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. Según una fuente policial, miles de activistas de Jamaat-i-Islami incendiaron comisarías, una estación de tren y atacaron oficinas del partido gubernamental Liga Awami.

En Dacca, la mayoría de los comercios amanecieron cerrados pese a ser domingo, mientras patrullas policiales y militares recorrían las principales calles de la capital.

Las protestas, sin embargo, no parecen tener un final cercano, pues tanto Jamaat-i-Islami como sus adversarios políticos han convocado nuevas movilizaciones para los próximos días, lo que está polarizando a una población que mantiene muy abiertas las heridas de la guerra.

Tras la retirada del Imperio británico y la partición del subcontinente indio (1947), la actual Bangladesh quedó bajo control de Pakistán. El descontento por la vulneración de los derechos políticos y lingüísticos alimentó con el tiempo una gran revuelta que en 1971 derivó en una guerra de nueve meses tras la que Bangladesh logró la independencia con apoyo político y militar de India. Se estima que durante la contienda murieron entre uno y tres millones de personas y cientos de miles de mujeres fueron violadas.

Estos crímenes quedaron impunes, pues un acuerdo tripartito entre India, Pakistán y Bangladesh permitió el regreso a suelo paquistaní de dos centenares de mandos militares de ese país y el enjuiciamiento de los responsables locales ha sido durante décadas un tira y afloja entre las dos principales fuerzas políticas. La reanudación de los procesos judiciales se produjo en 2010 por orden de la primera ministra, Sheikh Hasina Wazed.

Ese año se creó un tribunal de crímenes de guerra, donde en la práctica la mayor parte de los imputados y condenados son dirigentes de Jamaat-i-Islami

La dirigente continuó así con un proyecto de su padre, Sheikh Majibur Rahman, quien fue el primer presidente del país y que pretendía juzgar a los responsables de las atrocidades. Su muerte en un atentado en 1975 frustró dichos planes.