Las últimas informaciones en torno al escándalo de Caja Navarra han dejado a los afectados en una posición comprometida y a Yolanda Barcina en una situación insostenible. El cobro de las dobles dietas confirma que la fantasmagórica Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras tuvo como objetivo primordial, si no único, el lucro de sus integrantes, y deja a estos sin ninguna excusa que no provoque sonrojo.

Además de echar a perder una entidad financiera que no hace tanto alardeaba de solvencia, los mandatarios navarros se valieron de su posición en el seno de la caja para engrosar sus cuentas corrientes. Miguel Sanz, Enrique Maya, Alvaro Miranda y la propia Barcina han quedado señalados ante una opinión pública que asiste asqueada a las maniobras de quienes manejan las riendas de Nafarroa. En este sentido, casi tan bochornoso como lo denunciado es el intento de justificar lo injustificable y de defender el cobro de casi 3.500 euros -más de 5.000 en el caso de Sanz- por participar en fugaces «reuniones» cuyo contenido real puede imaginar cualquiera. Sostiene la presidenta que lo ocurrido corresponde a otras épocas, pero es su propio Gabinete el que huele a pasado. Tampoco Alberto Catalán estuvo acertado al afirmar que «hoy no se entiende» que un cargo público pueda cobrar esas cantidades solo por figurar, ya que es un comportamiento inaceptable en cualquier coyuntura económica; ayer, hoy o mañana.

En pocas ocasiones se han dado a la vez tantas circunstancias que obliguen a la remoción de un gobierno. Lo insólito en este caso es que Barcina aun tenga esperanzas de acabar la legislatura y que esas esperanzas sean fundadas, a tenor de las últimas declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba. Con el congreso de UPN en el horizonte cercano, está por ver qué va a suceder en los próximos meses, pero a medida que se suceden los escándalos, la clase política navarra tiene cada vez más trazas de ser engullida por la tormenta perfecta. Y a la presidenta ya no hay paraguas que la resguarde.