La Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) presentó ayer un conjunto de medidas para impulsar la competitividad del sector. En el encuentro, el presidente, José Luis López Gil, y el secretario general, Jaime Fernández Alcedo, adelantaron que el Ejecutivo de Gasteiz les trasladó que el Fondo de Inversión para las empresas se realizará a través de las entidades bancarias y tendrá una dotación de 600 millones.

De esta manera, parece que se queda al margen la propuesta de Confebask de utilizar el patrimonio de las EPSV para tal fin. La idea de la patronal vasca Confebask suscitó el rechazo sindical por intentar aprovecharse de los ahorros de los trabajadores.

En el encuentro, la Federación vizcaína del Metal (FVEM) solicitó la refinanciación a coste cero de las deudas que las administraciones públicas mantienen con las empresas del sector, así como «una bonificación de los tipos de interés y la apertura urgente», por parte de las entidades financieras, de créditos a la financiación para un sector que ha retrocedido un 34% desde el inicio de la crisis.

La patronal del Metal confirma que se han perdido 10.000 empleos en el sector, pero no se siente responsable. La FVEM, como explicó Jaime Fernández Alcedo, solicitó a las entidades financieras, entre ellas a Kutxabank, que «priorice la financiación de crédito para las empresas, si bien ha considerado que será difícil que a corto plazo se abra el grifo». Se está intentando y algo se conseguirá, pero es urgente y la necesitamos ya», explicó.

El documento presentado por la patronal del Metal es el fruto de un estudio elaborado por la propia entidad, que indica que el metal vizcaíno se encuentra «peor de lo que estaba en los peores momentos de la reconversión industrial». Entre las medidas que contemplaron los máximos responsables de la FVEM se encuentra también «aumentar el papel de las sociedades de capital riesgo y el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo, como los créditos participativos, capital riesgo y fondos de inversión, con una aportación pública equivalente a la privada en aquellas inversiones alineadas con la política de competitividad de la CAV».

También exigieron deducciones fiscales para las empresas «comprometidas en el mantenimiento de empleo cualificado» y «potenciar un programa que favorezca que las empresas vizcaínas internacionalizadas mantengan los centros de decisión en el territorio».