ante la VISTA del tribunal europeo de derechos humanos
Fernández Díaz en Bruselas: «Asesinos en serie y violadores quedarían libres»
El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, utilizó la reunión con sus homólogos europeos celebrada ayer en Bruselas para buscar aliados y presionar para que el Tribunal Europeo de DDHH avale la doctrina 197/2006. Usó un significativo argumento: «No solo afectaría a terroristas, también a asesinos en serie y violadores». Herrira cerró la ronda de contactos mantenida también allí para informar y concienciar a diversas fuerzas políticas europeas.
Mikel PASTOR | BILBO
El Gobierno español ha decidido quemar todas sus naves -y es de suponer que no solo lo está haciendo en público- para tratar de presionar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de cara a la revisión sobre su propia sentencia del pasado verano en la que invalidaba la doctrina 197/2006 e instaba a liberar inmediatamente a la presa vasca Inés del Río. Para ello, la Gran Sala de la Corte Europea se reunirá el próximo miércoles 20.
Madrid sabe que una decisión en el mismo sentido que la adoptada en primera instancia en julio supondría un varapalo a su inmovilismo, no solo en materia penitenciaria, y un aldabonazo al proceso de paz, ya que más de 70 prisioneros deberían recuperar la libertad y, además, la comentada doctrina del Tribunal Supremo español no podría ser aplicada a ningún preso más.
Es por ello que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido poner toda la carne en el asador, buscando apoyos que tratan de condicionar la decisión de Estrasburgo en un sentido favorable a sus intereses. El propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, realizó ayer en una encendida defensa de la medida penitenciaria que alarga las condenas de los presos ante sus homólogos europeos.
Según la interpretación que difundió, la anulación de esta medida «no solo afectaría a los presos terroristas, sino a los pertenecientes a organizaciones criminales, asesinos en serie, violadores... Muchos presos que cumplen condenas por delitos repugnantes se verían liberados». En ese intento de diluir el verdadero objetivo de la doctrina, Fernández insistió en que, de confirmar Estrasburgo su sentencia inicial, «no solo se vería afectada España, sino también el conjunto de Europa».
Pero, al mismo tiempo, el ministro español defendió la autonomía de cada estado en esta materia: «Creemos que la política criminal, la política penal, es competencia de los estados, y forma parte de esa política penal interpretar y aplicar las leyes estatales».
Aseguró haber tratado ya el asunto de forma bilateral con algunos de sus homólogos europeos, quienes, siempre según su versión, le habrían «mostrado sensibilidad» al respecto. Antes ya era conocido que los abogados del Estado español intentan explotar ese argumento, dejando en segundo plano el referido exclusivamente a Euskal Herria.
Herrira teje contactos
También se encontraba ayer en Bruselas la delegación de Herrira que esta semana ha mantenido una serie de reuniones con representantes de diferentes grupos del Parlamento Europeo de varios estados. El miércoles, cita fue con el rumano Csaba Sogor, que se integra en el Grupo Popular, actualmente mayoritario en la Eurocámara. Según explicaron los propios integrantes de Herrira, se trató de un encuentro importante para compartir información y poner al representante rumano al corriente de la situación de las presas y presos políticos vascos, especialmente en temas como el alargamiento de penas o la dispersión. La reunión tuvo un doble valor, ya que hay que recordar que una de las formaciones que integra el Grupo Popular Europeo, del que es parte Sogor, es el PP español.
La delegación de la organización vasca también se reunió con Emer Costello, parlamentaria por el Partido Laborista irlandés e integrada en la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, del que también forma parte el PSOE. También irlandesa ha sido otra de las interlocutoras, la europarlamentaria de Sinn Féin Martina Anderson, una de las organizadoras, junto al corso François Alfonsi, de la conferencia que Herrira ofreció ante los medios de comunicación.
El caso de Anderson es especialmente remarcable, ya que estuvo encarcelada durante trece años durante el conflicto irlandés, quedando en libertad tras los acuerdos de Viernes Santo y el proceso de paz. Actualmente, cuando han transcurrido quince años de aquellos acuerdos, Anderson ocupa un escaño en el Parlamento Europeo, por lo que Herrira valora su importante experiencia.
Satisfechos con el trabajo
La delegación de Herrira desplazada a Bruselas dio ayer por finalizada la ronda de reuniones, y lo hizo con un «saldo positivo», ya que durante estos días se han podido reunir con un de 25 europarlamentarios de trece estados diferentes, con encuentros con representantes de todos los grupos parlamentarios.
En estas reuniones, Herrira ha querido transmitir la necesidad de darle una oportunidad a la paz en Euskal Herria y la importancia que un cambio en la política penitenciaria tendría en un proceso de paz. Según expresaron sus propios portavoces, «la sensibilidad y la receptividad de los representantes parlamentarios ha sido importante, mostrando preocupación por la aplicación de medidas que vulneran los derechos humanos, como la dispersión o la doctrina 197/2006».
La última reunión de esta ronda tuvo lugar en el Parlamento de Flandes. Allí, la delegación mantuvo un encuentro con representantes del N-VA, partido independentista que cuenta con una amplía mayoría en la Cámara flamenca, y con representantes del progresista CD&V. La serie de contactos de Herrira en Bruselas concluyó con los mantenidas con las formaciones kurdas KNK y BDP.
Tras varios meses de incertidumbre para él y para su familia, es posible que la situación del preso irundarra Juan Ramón Rojo quede resuelta hoy por la denominada Sala de la Discordia de la Audiencia Nacional española, después de que el Pleno haya empatado en dos votaciones. Rojo debía haber salido de la cárcel el 3 de diciembre. Pero, como hace con todos los presos vascos, Instituciones Penitenciarias decidió trasladar su caso al tribunal especial para que este decida si aplica la doctrina 197/2006. Pero el pleno de la AN se bloqueó con el caso, teniendo que recurrir a un procedimiento excepcional para decidir si se procede a la excarcelación de Rojo o se alarga su pena.
Tras dos votaciones, los resultados arrojaron un empate. Nueve magistrados apostaron por aplicarle la doctrina, mientras que otros nueve abogaron por su libertad. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo mayoritario, el tribunal tuvo que poner en marcha un mecanismo especial, denominado Sala de la Discordia, que contará con la incorporación de nuevos jueces al Pleno. Uno de ellos será el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que, además, se encargará de la composición de esta nueva Sala, en la que tendrán que entrar dos magistrados más.
En principio, la ley establece que los dos nuevos miembros deben ser el presidente de la Sala de lo Penal -Fernando Grande-Marlaska- y otro juez de esa misma Sala. El problema es que todos ellos ya han tomado parte en las primeras votaciones. Se trata de una circunstancia novedosa, ya que por diversas cuestiones algunos togados suelen faltar a este tipo de cónclaves. Al no haber ningún miembro de la Sala de lo Penal disponible, serán jueces de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social los que se encarguen de inclinar la balanza.
La abogada del preso vasco, Ainhoa Baglietto declaraba a GARA que el irundarra y sus familiares se encontraban «cansados» de la situación y que deseaban que esta se resolviera cuanto antes.
A pesar de que el caso se encuentra en el orden del día establecido para la jornada de sesiones de hoy, no es seguro que el tribunal tome hoy la decisión definitiva. La deliberación comenzará en torno a las nueve de la mañana y, de haber alguna resolución en firme, se podría dar a conocer en torno a mediodía. M.P.
