Las dietas que cobraron Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Miranda y Enrique Maya por la Junta de Entidades son irregulares, según denunció ayer Kontuz. La asociación de contribuyentes afirma que estos cargos públicos estuvieron cobrando por acudir a unas reuniones de un organismo que todavía no existía y que, en consecuencia, no podía estar remunerado.

Kontuz reveló que Sanz, Barcina, Maya y Miranda cobraron solo por escuchar, dado que en las actas no se recoge ni una sola intervención. El único que toma la palabra es el secretario, Alberto Pascual, que hoy mismo declarará ante la juez para explicar los detalles de esta Permanente. La titular del Juzgado nº 3 de Iruñea tomará también declaración hoy a Amaya Rández, otra directiva de la CAN presente en las reuniones.

Kontuz destacó la falta de colaboración del Gobierno y la CAN con la investigación. Ante la tardanza en la entrega de la documentación, la juez llamó a la Caja de Ahorros para urgir a su entrega. Un empleado le respondió que necesitaba aún de la aprobación de la Junta Rectora (nombrada por Barcina hace apenas unos meses y en la que está presente el director de los servicios jurídicos del Ejecutivo, José Antonio Razquin) y le dijo que debía esperar, al menos, otra semana. En ese momento, la juez María Paz Benito Osés decidió dar la orden a la Guardia Civil para que se personara en la CAN y recogiese la documentación. De esta forma, solo a través de una intervención policial se ha conseguido conocer las reuniones de la Permanente. Por otro lado, Kontuz sostiene que la CAN todavía no ha entregado toda la documentación reclamada por la juez Benito.

Según se ha hecho público, esta Permanente se reunió tan solo en ocho ocasiones. Sin embargo, cada reunión se dividió en dos medias sesiones, lo que les permitió duplicar sus dietas de asistencia. A pesar de levantarse dos actas de cada reunión, estas se hicieron en una sola sentada y hay medias sesiones que duran tan solo media hora. Así, por cada acta Barcina, Maya y Miranda se embolsaban 1.717 euros (3.434 euros cada día) y Sanz, 2.680 (5.360 euros al día). Teniendo en cuenta que hay sesiones de media hora, por cada minuto escuchando los informes de la CAN Barcina cobró 57 euros. En el caso de Sanz, sus honorarios ascendieron a 89 euros por minuto.

Sanz deja la política, no la dieta

En total, a través de la Permanente los cuatro cargos públicos se repartieron 1o5.000 euros. Quien mayor beneficio sacó fue Miguel Sanz, que siguió percibiendo dietas incluso después de dejar su cargo de presidente navarro. Sanz debió haber abandonado esta Permanente tras la sesión del 30 de junio de 2011. Al día siguiente, el 1 de julio, se produjo el traspaso de poder entre Sanz y Barcina, con lo que el corellano ya no tenía derecho a seguir en esas lucrativas reuniones. Esto se aprecia en las actas, puesto que en la reunión posterior, el 30 de agosto, quien firma como presidente de la Permanente ya es Barcina. Sin embargo, en la relación de cobros figura cómo el presidente Sanz sigue cobrando más dinero que ningún otro de los presentes.

Kontuz recordó que, en un momento dado, Barcina aseguró que Sanz acudió a las reuniones posteriores de la Permanente «en calidad de invitado». Con la documentación que se tiene hasta el momento, resulta muy difícil de justificar por qué Barcina seguía cobrando 3.434 euros y el «invitado» 5.360. En los reglamentos de la CAN, los miembros de la Permanente son: el presidente del Gobierno, el consejero de Economía y el alcalde de Iruñea. Y nadie más.

A partir de la reunión de agosto de 2011, Maya se incorpora a las reuniones como nuevo alcalde de Iruñea. Como Sanz no se marcha del organismo, la Permanente pasa de tener tres miembros a cuatro.

Más allá del escándalo que supone que cobraran semejantes dietas tan solo por escuchar los informes de Pascual, el mayor conflicto jurídico se encuentra en las cinco primeras reuniones (las que van del 31 de agosto de 2010 al 7 de junio de 2011). Durante ese tiempo, la Permanente no existía y no aparecía en ningún reglamento de la Caja. Por esto mismo, no podían cobrar por pertencer a una cosa que no existe.

De otra parte, la información que ha trasladado la CAN a la juez Benito sigue sin dejar claro cómo se aprobaron los honorarios de los miembros de la Permanente. La única documentación remitida a la juez es un acta de la Comisión de Retribuciones del 23 de julio de 2010 que hace referencia a la Junta de Entidades Fundadoras (que es un organismo distinto a la Permanente). Un mes después de esta reunión de la Comisión de Retribuciones, tuvo lugar la primera reunión de la Permanente. «Sanz, Barcina y Miranda se repartieron, en solo dos horas, 12.228 euros. Respaldaron los pagos Ricardo Martí Fluxá, José Antonio Asiáin, Jaime Montalvo y Javier Martinena, por unanimidad», manifestó ayer Kontuz.

Otro de los puntos más oscuros de la Permanente es su utilidad. Las normativas de Caja Navarra afirman que el cometido de la Permanente no se reducía a escuchar los informes que les mandaba la Caja, sino que su objetivo era emitir informes sobre la evolución de la misma. Estos informes siguen sin aparecer. Si realmente la Permanente no emitió informes, los políticos se habrían repartido los 105.000 euros por nada.

Mudos en tres temas espinosos

En la mayoría de las reuniones de la Permanente se trataron temas banales, repasándose infomes, acuerdos, resultados y temas muy técnicos. El único en tomar la palabra, al menos según figura en acta, es Pascual. Sin embargo, según Kontuz, también se trataron unos temas «que, por su naturaleza, deberían de haber suscitado algún tipo de debate».

El 10 de enero de 2011, la Permanente trata sobre la concesión de un crédito a una empresa participada por el presidente de Caja Burgos, Jesús María Arribas. La ley de cajas de Castilla León impedía a Arribas financiar a su empresa directamente desde su caja y, por ello, utiliza a la CAN (socio en Banca Cívica) para conseguir 1,8 millones de euros. Esta estratagema de Arribas para financiarse a sí mismo tiene un anclaje legal complejo y sería conveniente verificar su legalidad. A pesar de ello, ni Sanz, ni Miranda, ni Barcina ponen pegas a que Caja Navarra financie el negocio de Arribas.

Por otro lado, el 1 de marzo de 2011 llegó a la Permanente otro asunto polémico. Pascual les informó de la salida a Bolsa de la entidad (una aventura en la que las acciones solo perdieron valor hasta tal punto que, en ocho meses, tuvo que ser absorbida por Caixabank).

En último término, la Permanente trató también el «blindaje» de Enrique Goñi. Se trata de una especie de seguro mediante el cual el exdirector de la Caja cobraría millones de euros en caso de perder su empleo. Lamentablemente, el acta de esa reunión no recoge cuál fue la cuantía ni las condiciones de ese «blindaje». Y claro, tampoco hay preguntas de los políticos interesándose por el mismo, ni cuestionando la finalidad.