La concentración en Lakua de los compañeros de trabajo de José Antonio Diéguez contó con la presencia de varios cientos de empleados públicos del Gobierno autonómico, aquellos, que según recordaron, «en multitud de ocasiones se han encontrado por los pasillos con el fallecido o han recibido su ayuda cuando tenían algún problema en su puesto de trabajo».

La concentración se prolongó durante 15 minutos, en los que algunos trabajadores no pudieron contener la emoción, y terminó con un aplauso y la lectura de un escrito por parte de uno de los compañeros de Diéguez, quien señaló que «convivía y trabajaba con nosotros para poder llegar a fin de mes».

«Dicen que se ha suicidado por no poder hacer frente a un alquiler -acumulaba una deuda de 5.000 euros-, dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades, y tienen razón, no hay posibilidad de vivir en estas condiciones en las que unos pocos ganan tanto a costa de tanto sufrimiento», resumió.

En declaraciones a los medios, algunos de ellos definieron a José Antonio como «una persona reservada» aunque muy trabajadora, al tiempo que se mostraron «absolutamente sorprendidos» por lo sucedido.

Durante la protesta, que fue respaldada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, se mostraron carteles con lemas como «Ésta es la consecuencia de los recortes» o «daños colaterales», en referencia a las palabras del portavoz Josu Erkoreka, quien reconoció que el aumento de la jornada laboral de los funcionarios provocaría «efectos colaterales» en las contrataciones de interinos y eventuales.

En Bilbo se llevó a cabo otra concentración en la que los empleados incidieron en esta cuestión, al señalar que el fallecido «es la primera víctima de los efectos colaterales» de la ampliación de la jornada.

En declaraciones a los medios, Joseba Izaga (LAB) explicó que el fallecido «era un eventual más de esos 9.000» a quienes el portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Erkoreka, calificó como «efectos colaterales», y denunció «la muerte real de las bolsas de trabajadores sustitutos, de las que dependen miles de familias vascas para subsistir».

Por ello, los funcionarios exigieron al Ejecutivo que «dé marcha atrás» y tenga «más cuidado con lo que se está diciendo» respecto al trabajo y las condiciones laborales de los empleados públicos porque «las consecuencias de esas frivolidades se están viendo todos los días».

Respuesta de Lakua

El Ejecutivo de Gasteiz respondió inmediatamente a estas acusaciones que, aseguró, están «fuera de lugar». En una nota de prensa, el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, pidió «seriedad en sus manifestaciones en estos duros momentos de dolor para todos, y calificó de «altamente perjudicial» los términos utilizados por «algunos representantes sindicales», al señalar «responsabilidades absolutamente fuera de lugar». Por último, el viceconsejero mostró sus condolencias a los allegados y se puso a su disposición.

Reacciones

Entretanto, ayer siguieron sucediéndose las reacciones por esta muerte, como la de la parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, que calificó el hecho de «situación dramática» a la que es «urgente» poner fin y criticó que las medidas que se han adoptado en los últimos meses son «insuficientes».

Afirmó que «mientras haya viviendas vacías, personas que cada vez acumulan mayor nivel de riqueza» frente a «personas que se vean abocadas a suicidarse, no se puede afirmar que exista una sociedad sana».

Por su parte, el grupo municipal de Bildu en Bilbo instó a la ciudadanía a concentrarse hoy, a las 12.30, en las escalinatas de la casa consistorial «por el derecho a la vivienda» y criticó al alcalde Azkuna por negarse a convocar una movilización, lo que «pone de manifiesto que, en la capital vizcaina, hay ciudadanos de primera y de segunda».

Bildu señaló que la declaración institucional adoptada por el Consistorio de Bilbo, a la que dio un «sí crítico», «adolece de concreción en lo que a compromisos se refiere».

Por último, la Federación de Madres y Padres Divorciados de Euskadi (Kidetza) aseguró que es «urgente una reflexión» y una «actuación conjunta de toda la sociedad e instituciones para atajar estas situaciones tan dramáticas», mientras los Bomberos de Donostia anunciaron que no colaborarán en la apertura de puertas en casos de desahucios y mostraron su apoyo a los compañeros de A Coruña que rechazaron tomar parte en un desahucio a una ciudadana de 85 años.