Este mes de marzo, el Gobierno pretende aprobar un nuevo Real Decreto (RD) que conlleva graves consecuencias para la salud y derechos de los trabajadores y trabajadoras y supone un preocu- pante y definitivo paso hacia la privatización de la asistencia sanitaria. El proyecto que modifica aspectos del control y de la gestión de las bajas por enfermedad común y accidente no laboral, está cargado de prejuicio de incompetencia hacia los médicos de atención primaria al tiempo que generaliza una presunción de fraude por parte de los trabajadores. Con la excusa del control de las bajas, el RD realiza continuas intromisiones en la capacidad organizativa de los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Las bajas laborales tienen por objeto prescribir un descanso para el trabajo y suplir el salario de un trabajador o trabajadora enferma mientras recupera su capacidad para el trabajo. Tiene una doble vertiente: la prestación sanitaria y la prestación económica. Desde la «sospecha» de la existencia de fraude en el uso de esta prestación por parte de los trabajadores y cuestionando los criterios clínicos de los profesionales del sistema público de salud, venimos sufriendo continuos cambios legislativos (los de mayor calado a partir del año 1994) dirigidos a incrementar el control de esta prestación por las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social (ajenas al sistema sanitario) con el objeto de disminuir el gasto.

Son varios los aspectos de esta nueva norma, que suponen una importante intromisión en la salud y los derechos de la población trabajadora:

-Se da libre acceso a la historia clínica informatizada de todos los trabajadores a los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ajenos al sistema sanitario público.

-Se abre el camino para dar acceso a los médicos de las mutuas a los datos clínicos de los trabajadores que están de baja laboral por enfermedad común o accidente no laboral.

-Da a las mutuas la competencia para decidir si un problema de salud de un trabajador es de origen laboral o no.

-Da a los médicos de las mutuas la posibilidad de dar el alta médica de un proceso de baja tutelado por el sistema público de salud, proponiendo el alta directamente al médico de atención primaria, dándoles solo cuatro días para responder a esta propuesta.

-Ignora el criterio clínico de los médicos inspectores de la inspección médica del servicio público de salud.

-Incrementa la burocracia en las consultas de atención primaria.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son asociaciones de empresarios a las que la Ley define como entidades sin ánimo de lucro.

Tienen la competencia exclusiva en la asistencia sanitaria y en la gestión de las bajas por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Con todo el respeto a la competencia profesional de los profesionales sanitarios de dichas mutuas, no es menos cierto que su actividad profesional está condicionada por los intereses económicos de los empresarios para los que trabajan. Es de todos conocida la infradeclaración de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo en nuestro país, achacando a problemas de salud crónicos de los trabajadores cualquier problema de origen laboral, así como las múltiples artimañas que utilizan para hacerse responsables del menor número posible de trabajadores accidentados y/o enfermos, las altas prematuras de trabajadores todavía no recuperados y la negación de la prestación de riesgo laboral en el embarazo a trabajadoras embarazadas expuestas a riesgos para su embarazo.

Desde la cautela, basada en la experiencia, es de felicitar que el Gobierno de Navarra, según noticia de prensa, se oponga al acceso de los médicos de las Mutuas y de la Seguridad Social a la Historia Clínica de la ciudadanía laboralmente activa y a la invasión de competencias y criterios del Sistema Público de Salud de Navarra.

Algo tendrían que decir también las autoridades sanitarias ante el fraude en el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que realizan estas entidades al dictado de los empresarios y sobre el despido de las personas asalariadas enfermas. Las mutuas se vanaglorian de lograr con su actividad el ahorro de millones de jornadas de incapacidad temporal, que llaman perdidas en lugar de utilizadas en la curación. No valoran los costes que la sociedad paga por sus altas tempranas, despidos de enfermos, o secuelas evitables.

Una antigua reivindicación de la CEOE es que las mutuas gestionen todas las bajas, también las causadas por enfermedad común o accidente no laboral, y que además sean estas entidades las que atiendan los problemas de salud banales de los trabajadores (de los problemas complejos o de peor pronóstico se encargaría el sistema sanitario público) (diario «Expansión», 26.2.2013). Ahora, esta reivindicación cobra mayor vigencia, puesto que ven en la salud una fuente de acumulación de ganancias. Las privatizaciones en curso, aquí en Navarra y en el Estado dan prueba de ello.

De aprobarse el Real Decreto tal y como está redactado su proyecto, los empresarios estarán mucho más cerca de conseguir el objetivo de tener en sus manos la asistencia sanitaria de la población trabajadora, con el consiguiente desmantelamiento del servicio público de salud, en detrimento del derecho universal, público y de calidad de la población en general y de la atención integral de la población trabajadora en particular.

No podemos permitirlo. El derecho a la salud está en juego.

(*)José Ramón Loayssa, Lucía Iriarte Miembros de la Plataforma Navarra de Salud-NOP, la Asociación Defensa Sanidad Pública/OPE y médico Inspectora del Instituto de Salud Pública y Laboral, respectivamente