Los ayuntamientos de Argantzun y Trebiñu no quieren permanecer integrados en Burgos. Así lo decidieron ayer en los plenos de ambos consistorios, en los que se ratificó, con la abstención de los ediles del PP, una moción que tiene por objeto impulsar un nuevo proceso de segregación de Castilla y León. Un procedimiento administrativo, reivindicado por los vecinos de «la octava Cuadrilla alavesa», que daría paso a la integración política del enclave en la CAV.

El texto, que fue apoyado primero por el Pleno de Trebiñu, detalla que la segregación se llevará a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Castilla y León, que establece cuatro requisitos: que la petición cuente con el voto favorable de las dos terceras partes del pleno municipal; que la provincia y la comunidad emitan, atendiendo a las vinculaciones de la población afectada, un informe favorable a la desanexión; que los vecinos ratifiquen en un referéndum la decisión; y que el Congreso español la acepte.

El alcalde Ignacio Portilla, perteneciente a una plataforma independiente, destacó que la moción establece un hoja de ruta de cara al futuro y supone un paso más en la búsqueda de una solución definitiva para el contencioso de Trebiñu. A este respecto, reiteró que la «cuenta atrás» de la integración en Araba ya está en marcha.

Asimismo, mostró su esperanza en que los dirigentes de Burgos y Valladolid acepten esta propuesta, que ya fue rechazada en 1980 y 1996. Subrayó que la ciudadanía apuesta por una «solución amistosa» basada en el cumplimiento de la ley. Al fin y al cabo, como él mismo recordó, el estatuto castellano detalla que el informe de los dirigentes burgaleses debe tener en cuenta las «vinculaciones históricas, sociales y económicas con la comunidad a la que se solicite la incorporación».

«Si cumplen estrictamente la ley, se verá que las vinculaciones de Treviño con Álava son apabullantes», añadió el alcalde, que comentó que el proceso de segregación se alargará en función de la «buena o mala voluntad» de Castilla y León. «Vamos a ser pacientes, pero no va vamos a permitir que este asunto se dilate en el tiempo», destacó ante los medios de comunicación.

En el caso de que Castilla y León no cumpla lo dispuesto en su estatuto y se niegue a aceptar las peticiones vecinales, Portilla no descarta utilizar otras vías, como las recogidas en un informe elaborado por la UPV-EHU a petición de los consistorios. «Pero de momento se ha abierto una vía estatutaria y ojalá que está vía avance, impere el sentido común y se dé una solución desde Burgos», matizó.

A excepción del PP, que señaló que el texto aprobado es «decepcionante y frustrante» para el pueblo, la mayoría de los grupos apoyaron la moción. Cabe señalar que el único edil jeltzale, Roberto Bajos, instó a la Junta de Castilla y León a respetar la decisión de los dos municipios de Trebiñu, y que el representante de Bildu, Nestor Fernández, que defendió la anexión política del enclave a Araba, leyó un comunicado de Udalbiltza. «El Ayuntamiento de Trebiñu, las instituciones y los vecinos de Trebiñu realizamos nuestra vida diaria mirando al País Vasco. El Condado es parte de Euskal Herria aunque administrativamente dependa de Burgos», relató.

Proposición de ley

A unos pocos kilómetros y un par de horas después, en Argantzun, la moción fue apoyada por cinco concejales. El edil del PP, Justo Manuel Bobadilla, decidió abstenerse por considerar que el texto no es viable. En una rueda de prensa posterior, el alcalde, Roberto Ortiz, indicó que la iniciativa es un «aliciente que nos ayuda y nos da esperanzas».

En cuanto a la respuesta que pueda dar la Junta de Castilla y León, el alcalde manifestó que el Consistorio no quiere «entrar en discordias y enfrentamientos, pero tenemos como punto de partida el respeto a la voluntad de los ciudadanos del enclave». Por ello, anunció que, de no llegar a un acuerdo, los municipios recurrirán a la Cámara legislativa de la CAV.

«Existe una vía jurídica alternativa al acuerdo estatutario, que pasaría por la redacción de una proposición de ley por parte del Parlamento de Gasteiz», explicó el primer edil, que añadió que esa proposición debería ser remitida a Madrid y ratificada por parte del Congreso español.

Estas propuestas parecen no despertar el interés de los vecinos, que han vivido cuatro procesos similares con anterioridad. En la calle, pocos creen que la moción vaya a contar con el respaldo de la derecha española, que «ordena y manda» en Madrid y en Valladolid.