Las primeras declaraciones en sede judicial en torno a la Permanente de CAN (de la que cobraron Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Miranda y Enrique Maya) aumentan el escándalo de las dietas de los principales líderes de UPN. Existen sesiones de la Junta de Entidades Fundadoras de CAN (JEF) cuyas actas son un «corta y pega» de lo hablado en la Permanente. El secretario interrogado ayer apunta a Sanz como el ideólogo de este sistema de reuniones y dice que el expresidente era quien decidía cuándo se celebraban las reuniones y el que fijaba el orden del día. El sistema de duplicar y triplicar dietas también es obra de Sanz, según testificó el secretario de esos organismos, Alberto Pascual.

La JEF es un organismo que habilitó CAN para dar acomodo a los políticos que habían perdido su puesto en el consejo de administración tras la última remodelación de los estatutos, derivada de la fusión de CAN con Banca Cívica. Funcionó durante 13 meses y se reunió en diez ocasiones. En ella tomaron parte once políticos: nueve de UPN (entre los que se encuentran Sanz, Barcina, Carlos García Adanero y Alberto Catalán) y dos del PSN (Roberto Jiménez y Samuel Caro). En cinco de las reuniones, se levantó triple acta y se cobró por tanto una triple dieta (5.151 euros por día para los vocales y 8.040 para Sanz, que era el presidente).

Por otro lado, se reunía también la Permanente, compuesta por los cargos de responsabilidad de la JEF, a saber: el presidente del Gobierno (Sanz y luego Barcina), el consejero de Economía (Álvaro Miranda) y el alcalde de Iruñea (al principio, Barcina y, más tarde, Maya). Las reuniones eran dobles (3.434 euros en dietas para cada uno y 5.360 euros para el presidente). Estas sesiones de la Permanente también se conocían como «sesiones de reporte».

Sanz multiplicó las reuniones

Según explicó ayer en los juzgados Alberto Pascual, exsecretario de ambos organismos, la JEF debiera de haberse reunido trimestralmente, pero lo hizo casi cada mes. El sentido de la Permanente era mantener un contacto más regular. Sin embargo, ambos organismos acabaron por solaparse de tal manera que hay actas que son exactamente iguales. De hecho, hay actas de la JEF que son un «corta y pega» de la reunión de la Permanente anterior.

El responsable de convocar tanto a un organismo como al otro era Miguel Sanz, en calidad de presidente de ambos (hasta que dejó la vida política). Fue él quien decidía reunirse aunque fuera innecesario. De hecho, la juez preguntó a Pascual por qué se convocaron reuniones de la Permanente sin ningún fundamento, en las que solo se informaba de que no se había llegado a ningún acuerdo. La respuesta de Pascual era siempre la misma: él se dedicó a cumplir las órdenes de Sanz. Si la justicia entiende que el principal objetivo de esas reuniones era el cobro de las dietas, ahí es donde estaría el presunto delito societario denunciado por Kontuz.

Las convocatorias se realizaban enviando correos electrónicos a órdenes de Sanz. No obstante, cabe remarcar que tras el cese de Sanz, Barcina se convirtió en presidenta de la JEF y la Permanente, por lo que también pudo haber convocado ella las últimas reuniones. Pese a ello, la idea de desdoblar las reuniones de la Permanente y cobrar hasta tres dietas el mismo día en la JEF también fue una idea de Sanz, según aseguró ayer el secretario. Barcina, simplemente, las perpetuó.

El secretario, que era el encargado tanto de los pagos como de firmar las actas, explicó a la juez ayer que en muchas de esas reuniones él se limitaba a exponer un Power Point a los asistentes, y después volcaba en el acta el contenido de esa proyección que había preparado.

Por otra parte, Pascual insistió en reiteradas ocasiones en que las reuniones de la Permanente eran mensuales. Más allá de su testimonio (de gran validez, porque estuvo presente en todas ellas), el hecho de que fueran mensuales se corrobora con lo transcrito en las actas, donde se informa de los resultados de CAN del mes anterior. Sin embargo, si fueron reuniones mensuales todavía faltarían más actas por salir a la luz, dado que solo se han dado a conocer ocho reuniones. El exsecretario no descarta que aparezcan más.

Los plagios eran «habituales»

Pascual justifica que se levantaran varias actas por sesión puesto que se trataban temas de distinta índole y porque Sanz así lo determinó desde un principio. Sin embargo, la numeración de las páginas de las dos actas del mismo día es correlativa (por ejemplo, si el acta de la primera sesión acaba en la página cuatro, la segunda empieza en la página cinco). El secretario dijo desconocer por qué ocurría esto y echó la culpa a que «la aplicación informática era antigua».

En cuanto a las actas «plagiadas», Pascual sostiene que es una práctica normal. Según explicó, una reunión de la Permanente tocaba en Navidades y la retrasaron hasta hacerla casi coincidir con una reunión de la JEF, por lo que el contenido fue el mismo. El exsecretario dice que, salvo que alguien lo solicitara expresamente, no era costumbre recoger ninguna intervención en las actas. Como eran sesiones solo «de seguimiento», no se llegaba a ningún acuerdo y, por tanto, no tenía sentido reflejar nada en el acta. De hecho, advirtió que podría haber otros «corta y pega» en actas de otros organismos como en la Comisión Ejecutiva y hasta en el propio Consejo de Administración, el máximo órgano rector.

El caso Anca, en la Ejecutiva

Entre la nueva documentación aportada ayer a los juzgados aparecen detalles sobre créditos millonarios concedidos a una empresa de Antonio Catalán, llamada Anca. Estos préstamos y sus pignoraciones pasaron el escrutinio del Comité Ejecutivo de la CAN. Catalán, que es el dueño de AC Hoteles, empleó este dinero para un pelotazo inmobiliario en Asturias. A raíz de esa operación, Hacienda reclama a Catalán 140 millones de euros por no haber declarado las plusvalías. Según explicó Goñi, CAN podría tener que responder de esta deuda si no se atiende al recurso que interpusieron. La Ejecutiva no puso pegas a esta operación.