Juan Ramón Rojo regresa a Euskal Herria tras pasar 21 años en prisiones españolas
La Audiencia Nacional dejó ayer libre al fin al preso irundarra Juan Ramón Rojo al aceptar que el licenciamiento definitivo de su condena estaba fijado antes de que se le aplicara la cuestionada doctrina 197/2006.
GARA | DONOSTIA
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española aprobó ayer la puesta en libertad de Juan Ramón Rojo, a quien pretendían aplicar la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo, prolongando la condena hasta el año 2022. Acepta que el licenciamiento definitivo de su pena estaba fijado ya de forma previa a la aplicación de la polémica doctrina 197/2006. Una norma declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en primera instancia y que se someterá al veredicto definitivo de la Gran Sala el día 20. Pese a este cuestionamiento, Madrid intentó aplicársela a Rojo.
Según informaron las agencias de información estatales, los magistrados de la Audiencia Nacional, que repitieron en tres ocasiones la votación, adoptaron esta decisión tomando como referente la última doctrina del Tribunal Supremo, según la cual si un preso tiene fijada su fecha de salida en sentencia firme no se le puede aplicar de forma retroactiva la doctrina.
La propia abogada del preso, Ainhoa Baglietto, explicó a GARA que la decisión de la Audiencia Nacional se basa en un fallo judicial anterior, que concedía a Rojo la opción de acogerse a las redenciones sobre el límite de la condena. «La Audiencia Nacional consideró que siempre era mejor 3o años con redenciones que 30 sin redenciones», señaló la letrada.
A este precedente judicial se suma una sentencia previa dictada por el TS en la que se daba una importancia relevante a las hojas de calculo por las que se estiman las redenciones de las penas. En el caso de Juan Ramón Rojo, estas hojas habían generado una expectativa de excarcelación que hubiera decaído de aplicarse la doctrina 197/2006.
Así, tras el dictamen definitivo Rojo quedó libre inmediatamente. Ayer a las siete de la tarde el ya expreso irundarra, que según explicó su familia se encontraba en una nube tras abandonar el penal de Daroca (Zaragoza), recibió un primer recibimiento en Hernani. A este acto le siguió otro en Irun, donde sus vecinos y allegados le dieron la bienvenida. Ha pasado en prisión los últimos 21 años.
Más de mil profesores e investigadores de la UPV-EHU han suscrito un manifiesto de apoyo a dos compañeros acusados de prevaricación, Enrique Antolin y Xabier Aierdi, que serán juzgados la próxima semana en Bilbo, por permitir los estudios de dos «deportados» de ETA. El exvicerrector de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Enrique Antolin y el tutor de estudios universitarios para reclusos presos Xabier Aierdi están acusados de permitir estudiar a Ángel Lete Etxaniz, deportado en Cabo Verde y ya fallecido, y a Belén González Peñalva, deportada entonces en la República Dominicana.
Por otra parte, en defensa de los derechos de los presos, ayer hubo movilizaciones en Berriz (34), Zizur (25), Ondarroa (192), Lekeitio (120), Bergara (63), Elgoibar (41), Getaria (35), Lizarra (53), Zarautz (160), Deba (50), Lezo (52), Legorreta (41), Amara (36), Amurrio (60), Lizarra (41), Tafalla (50), Gatika (12), Orereta (206), Hernani (350), Usansolo (31), Arbizu (42), Lazkao (72), Donostia (205), Iruñea (235), Zornotza (86), Etxarri-Aranatz (58), Bera (18), Mutriku (75), Berriozar (58), Bilbo (110), Gasteiz (412), Andoain (54).
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